Igual que sucedió con el MoU que selló el rescate del sistema financiero en el 2012, la Comisión Europea ha establecido una condicionalidad macroeconómica concreta a la entrega de fondos a España con cargo al mecanismo de recuperación y resiliencia. Si bien una parte sustancial de los hitos acordados se habían ido publicando de forma gradual, hay ciertos elementos de enorme importancia para los que ha habido que esperar a la publicación de este «nuevo MoU» para conocerlos a fondo, los cuales pueden resumirse en dos: por un lado, el calendario definitivo de desembolsos de los fondos hasta el 2026 y, por otro, medidas concretas de reformas, especialmente en pensiones y mercado laboral.
Se ha firmado un calendario decepcionante para el Gobierno y compromete aún más si cabe la credibilidad del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2022 que se está discutiendo en las Cortes. Al déficit en la recepción de fondos este año (se ha recibido un 30 % menos de lo presupuestado) se une otra diferencia notable entre lo comprometido y lo presupuestado para 2022: se entregarán en dos pagos en el primer y tercer trimestre por un importe de 20.700 millones, un 23 % menos de los 26.900 millones presupuestados como gasto. A ello se añade que los casi 10.000 millones no recibidos en el 2021 no se van a entregar extra en el 2022.
Si bien este aspecto puede ser considerado por la ministra de Hacienda como «cuestión de números que bailan arriba o abajo», lo que no tiene margen de discusión es lo relativo a la reforma de las pensiones, especialmente la ampliación del período de vida laboral que se usa para calcular la pensión pública. Es una de las áreas más importantes de reforma paramétrica para reducir la tasa de sustitución (ratio de pensión media sobre salario medio último cobrado) y, con ello, moderar a medio plazo el gasto en pensiones. Suponiendo que el cómputo de años se eleva de 25 a 35 años, la reducción de la pensión media se sitúa entre un 2 % y un 3 % dependiendo de la gradualidad o inmediatez de la aplicación de esta medida.
Por el lado más inesperado, Europa mantiene viva la llama de las reformas del 2011 y 2013, pese al intento del Gobierno por apagarla definitivamente. Tocar este parámetro deja la puerta abierta a revertir el proceso de descontrol del gasto en pensiones abierto por el Gobierno del PP en el 2018, sobre todo en el momento en que se recuperen las reglas de déficit en 2023.