En una de las visitas al Empordá, con la AP-7 recién liberada de peajes por caducidad de la concesión, el tráfico había aumentado espectacularmente hasta el extremo de que las dificultades en la movilidad hacían añorar el peaje. La argumentación de un colapso en la movilidad también fue utilizada por el Ministerio de Transportes para justificar la no retirada del peaje entre Vigo y Redondela.
Frente a ello, y a otras autovías liberadas de concesión, los gallegos tenemos una AP-9 con la concesión ampliada en 25 años por el Gobierno de Aznar, previo cambio de la ley de autopistas tres días antes de esa ampliación, cuyo rescate no es posible sin grandes costes. A expensas de la resolución de la Comisión Europea cuestionando la legalidad de tal extensión. Lo que de confirmarse podría llevar a la anulación de dicha ampliación, y a un interminable pleito de reclamación por lucro cesante por la concesionaria Audasa.
Todo ello en un momento en el que, además de las autovías gratuitas como las planificadas en el plan de accesos a Galicia por Fernández de la Mora hace 50 años, y terminadas hace 20, como A-6 y A-52 en la etapa socialista, se han ido liberalizando las concesiones y peajes de un gran número de kilómetros de autovías en España. Lo que hace que hoy sea Galicia, con sus 331 kilómetros, la que lidera a las comunidades autónomas con mayor número de kilómetros sometidos a peaje.
En cualquier caso, lo que se ha implantado en Portugal, y en otros 24 países de Europa, el pago por uso o por tarifa plana (viñeta) está próximo. En primer lugar, porque esos son los planes del Gobierno y los compromisos con la UE en esta etapa de fondos de recuperación y resiliencia. Y en segundo, porque debe resolverse la cuestión de fondo: impuestos o tasas por uso para el mantenimiento.
No me sorprende que la conselleira de Infraestructuras se oponga a cualquier sistema de pago por kilómetro, pues a la desigualdad derivada de esa prórroga de la AP-9 hasta el 2048, habría que añadir la de nuestra distancia a los principales mercados o centros de producción peninsulares y europeos.
Por ello Galicia, que sufre esos duros peajes en la AP-9, por un tiempo insoportable de 27 años más, debería atender las propuestas de Emilio Pérez Touriño, que a su condición de expresidente de la Xunta suma su acreditada profesionalidad en políticas y gestión de infraestructuras y transportes. Y siguiendo esas propuestas, plantear en la negociación con el Estado que el lesivo y prolongado peaje actual de la AP-9 se convierta para el usuario en un peaje de mantenimiento, similar a la tasa de mantenimiento aplicable a la red viaria de las autovías del Estado. Contribuyendo los fondos recaudados por esa nueva tasa en todo el Estado a sufragar el diferencial que, dada la lesiva prórroga concedida en el año 2000, habrá que pagar a Audasa. Lo que equilibraría algunas de las desigualdades de los gallegos, por periferia, dispersión o decisión política lesiva.