Hago un paréntesis de un día en la crónica de la nueva confrontación de ministras socialistas y de Unidas Podemos por la otra crisis que pide comentario: el cese del diputado Alberto Rodríguez, conocido como el Rastas por su singular tratamiento del pelo. Es que hay varios aspectos que requieren algún apunte antes de que el tiempo devore el discutido y discutible episodio.
Punto primero: en la sentencia del Tribunal no se hablaba de su cese, suspensión o inhabilitación como miembro del Congreso de los Diputados. Lo único que se decía es que se le condenaba a 45 días de multa, sustitutiva de la pena de cárcel y a la suspensión de su derecho de sufragio pasivo. Quitarle ese derecho es prohibirle presentarse como candidato a cualquier elección, dentro o fuera del Congreso durante esos 45 días. En modo alguno se le impide, como se ha dicho, que se presente a las próximas elecciones locales, autonómicas o legislativas.
Punto segundo: pese a todo, se planteó un conflicto de interpretación de la sentencia, el PP y Vox querían su expulsión de la Cámara frente a los letrados del Congreso que sostenían la tesis contraria, y la señora Batet, en un ejercicio de loable prudencia, pidió interpretación a la Sala Segunda del tribunal. Hubiera sido ideal que esa sala hubiera remitido también la sentencia a la Junta Electoral, pero no lo hizo (la sala sabrá por qué). Como me dijo un ilustre jurista, a lo mejor fue porque el ponente es también presidente de la junta y se le dio por informado. El caso es que el Supremo explicó que Alberto Rodríguez tenía que cesar, a mi juicio en contradicción con su propia sentencia, y la presidenta Batet procedió.
Punto tercero, el partido Podemos, que gusta de andar por la política como una reina ofendida, montó la mundial, amenazó con una querella a la presidenta del Congreso y la ministra Belarra vio una conspiración universal contra esa fuerza política: según sus palabras, la persiguen «jueces, banqueros, grandes fortunas, opresores, fascistas…» Ese fue su léxico, que los lectores juzgarán si es el adecuado en una ministra o un ministro del Reino de España. El caso es que Alberto Rodríguez se dio de baja en Podemos y contrató al abogado Boye, el abogado de Puigdemont. Lo mismo termina liderando el independentismo canario. Menos mal que anunció que deja también la política; de lo contrario, sería lo que faltaba para completar el estrambótico cuadro.
Y punto cuarto: la patada a un guardia por la que se juzgó al señor Rodríguez se dio en el año 2014, es decir, hace siete años, cuando todavía no era diputado ni sabemos si aspiraba a serlo. ¿No les parece exagerado que tenga que dejar su escaño por un hecho tan anterior ajeno a su condición parlamentaria? Que además se vea empujado a dejarlo para siempre, me parece peor que exagerado. Tiene algo de despropósito, dicho sea con todos los respetos al Alto Tribunal.