Desde el mismo día en que se promulgó la reforma laboral (decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero), se instaló en España el frentismo, ya que, mientras la izquierda y los sindicatos ven dicha reforma como un borrón de tinta china sobre la legislación laboral española, cuya única enmienda posible es su completa derogación y el regreso profiláctico a la normativa precedente, el centro derecha, la UE, el Banco de España, la OCDE y la práctica totalidad de los informes elaborados por los bancos insisten en que la reforma laboral es, básicamente, lo que el Gobierno Rajoy dijo que era: un instrumento para «acabar con la rigidez del mercado de trabajo»; «sentar las bases para crear empleo estable», y generar una normativa adecuada para «facilitar la contratación, con especial atención a los jóvenes y a los parados de larga duración, potenciar los contratos indefinidos frente a los temporales, y que el despido sea el último recurso de las empresas en crisis».
Partiendo del principio de que cualquier debate que se instala en el blanco o negro, y renuncia a la gama de grises, es estéril y falso, es evidente que el frentismo político desde el que se está abordando la posible modificación o derogación de la reforma laboral ha convertido las posiciones extremas en señas de identidad, por lo que resulta imposible encontrar en el debate vestigios de racionalidad o destellos de objetividad científica o técnica que pudiesen llevarnos a la zona intermedia, es decir, al retoque de algunas medidas que la experiencia aconseja, sin necesidad de escoger groseramente entre el todo o la nada que ahora se plantea.
Por mi parte, carente de formación suficiente para entrar en el fondo de la cuestión, me inclino a creer que el modelo laboral de un país no puede ser cuestión de gustos o de principios, sino que debe ofrecer un amplio campo para el debate técnico, donde sería posible alcanzar algunas conclusiones objetivas que nos liberasen del riesgo de estar gobernados a base de pulsos tácticos entre ministras, o deshojando -derogo, no derogo- tiernas margaritas. Lo poco que sabemos de este percal procede de los informes cruzados que nos llegan de la UE, de la OCDE, de entidades bancarias y de algunos estudios académicos publicados en revistas que nunca salen de su limitado círculo de interés. Y el hecho de que el debate identitario se haya instalado también en el Gobierno -entre Calviño y Díaz- contribuye más al oscurecimiento del panorama que a su claridad.
Por eso debería haber un debate en el Congreso, que, asentado sobre estudios científicos y objetivos, aportase las ventajas de ser público, contradictorio, plural, registrado, evaluable en sus efectos y contrastable -después- con la realidad laboral. Los ciudadanos tenemos derecho a exigir ese debate. Pero me temo que, por ser una demanda obvia, que exige explicaciones y propuestas responsables, no se va a celebrar. Y por eso seguiremos así, tomando trascendentes decisiones laborales a base de pulsos y deshojes de margaritas.