Cuando Pedro Sánchez ganó las elecciones generales, casi nadie apostaba por que acabaría formando el Gobierno más a la izquierda de la democracia, coaligándose con Unidas Podemos, partido demonizado como comunista por la derecha y por buena parte de los dirigentes y votantes socialistas. Pero lo hizo. Muy pocos creían entonces que se atrevería a conceder el indulto a los presos independentistas condenados por sedición en el Tribunal Supremo. Y lo hizo, incluso en contra del criterio de este tribunal. Cuando Sánchez llegó al poder, era impensable para muchos que se atreviera a normalizar a EH Bildu, convirtiendo a esta fuerza política en socia del Ejecutivo y haciéndola partícipe de la gobernabilidad del Estado. Pero lo hizo.
Cuando Sánchez alcanzó la presidencia del Gobierno, nadie auguraba que se iba a atrever a humillar a la Corona vetando la presencia del rey en Cataluña en fechas simbólicas para al nacionalismo para no perjudicar la convivencia, o forzando el exilio del rey emérito en cuanto la Fiscalía abrió una investigación contra él. Y lo hizo. Pocos creían cuando Sánchez llegó a la Moncloa que se atrevería a imponer a las poderosas empresas energéticas un hachazo en sus beneficios sin pedirles su opinión ni negociar nada con ellas. Pero lo hizo. Nadie apostaba porque el líder del PSOE iba a imponer límites a la libertad de mercado y a la propiedad privada interviniendo los precios de los alquileres. Pero lo ha hecho.
Nadie creía que Sánchez se atrevería a plantar cara a los medios de comunicación y las redes sociales ordenando que se los monitorizara diariamente para censurar y sancionar lo que se considere una desinformación. Y lo hizo. Muy pocos, incluso en Cataluña, auguraban que se sentaría a negociar personalmente con los independentistas, sin vetar que se ponga encima de la mesa la autodeterminación y la amnistía, para solucionar lo que considera un «conflicto político». Pero eso fue lo que hizo.
Casi nadie confiaba en que el jefe del Ejecutivo fuera capaz de enfrentarse al poder de los jueces españoles impulsando un proyecto de ley que sometía la elección de los miembros del CGPJ a la simple mayoría absoluta del poder legislativo, retirándole al consejo la potestad de cubrir las vacantes en los tribunales mientras esté en funciones o denunciando que actúan más por venganza que por justicia. Pero lo hizo.
Hasta aquí, este artículo podría haberlo escrito el más conspicuo entusiasta de los partidarios de Sánchez, convencido de que estaba haciendo un panegírico del líder socialista por ser el primer político español con arrestos para enfrentarse al poder de los medios y de instituciones caducas como la Corona o la judicatura, y aplicar un programa de izquierdas. Pero estos mismos párrafos podría haberlos redactado también el mayor de los detractores de Sánchez, convencido de que con ellos lo estaba poniendo en la picota por romper todos los consensos de la Transición, deslegitimar a todas las instituciones y poderes del Estado, cuestionar la libertad individual y atacar la propiedad privada.
Cada acto del Gobierno tiene un significado en función de cómo se interprete. La Ley de Protección y Derechos de los Animales que se acaba de aprobar, por ejemplo, les parece a unos un paso progresista de gigante en la civilización humana. Otros, sin embargo, opinan que obligar a quien quiera tener un perro, un gato o un loro a pasar un examen previo para que el Estado determine si está capacitado o no para ello, o limitar el número de mascotas que uno puede tener, es una nueva intromisión intolerable en la libertad individual y una incongruencia, porque a partir de ahora un ciudadano podrá traer uno, cinco o catorce hijos al mundo sin que nadie lo evalúe antes para comprobar si está capacitado para ser padre o madre, pero necesitará un permiso del Estado para tener un gato. Y nunca podrá cuidar en su casa a más de cinco mininos. ¿Con cuál de las dos interpretaciones de la realidad se queda usted?