Sin interrupción para poder recuperarnos de la erupción del volcán de La Palma, en la noche del 23 de septiembre nos encontramos de repente con la noticia de la detención del prófugo Carles Puigdemont, por orden del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Ignoro cómo debemos identificar a dicho juez, si como conservador o como progresista, aunque podremos llegar a alguna conclusión si tenemos en cuenta que ha sido en el momento más inoportuno para el Gobierno, en pleno inicio de la negociación de la mesa de diálogo abierta con el Gobierno de Cataluña y de la negociación del techo de gasto y los presupuestos del 2022 con ERC, vitales para poder finalizar la legislatura en un momento clave para la recuperación económica.
Algún día los poderes del Estado deberán recuperar el espíritu de la Transición, entendiendo que una cosa es poner palos en la rueda del Gobierno y la oposición y otra muy diferente que eso traiga como consecuencia un perjuicio para el país. Pero de momento eso no es así.
También pudiera ocurrir que fuera un ardid, una estratagema del propio Puigdemont, que veía cómo poco a poco su figura se iba diluyendo, con cada vez menos influencia en Cataluña, y hubiera considerado que así recuperaba su protagonismo. Siguiendo el dicho popular, «entre todos la mataron y ella sola se murió».
Llarena y Puigdemont juntos en una cabriola del destino, y el resto, incluidos los gobiernos de España y de Catalunya, PSOE, Podemos y ERC, de nuevo al borde del abismo.
Incluso la fecha elegida, a una semana del 1-O, pudo no ser casualidad. Si este aniversario ya se preveía caliente, ahora puede alcanzar mucha más temperatura.
Cabe esperar y desear que especialmente PSOE y ERC, Sánchez y Aragonés, demuestren su talla de estadistas y su cordura e ignoren las provocaciones de quienes están dispuestos a entorpecer como sea la posibilidad abierta de diálogo. Se lo deben a España y a Cataluña.