Lo que el sector Podemos del Gobierno denomina derogar la reforma laboral supone tocar los pilares de una de las reformas estructurales más importantes que se han hecho en España en las últimas décadas. Esta reforma puesta en marcha en el 2012 introdujo medidas fundamentales para romper décadas de corsés que no tenía ningún sentido que siguieran existiendo: negociación obligatoria centralizada de convenios colectivos a nivel provincial, ultraactividad de los convenios que podía perpetuar de facto situaciones disparatadas de salarios y condiciones laborales, acuerdos de reducción de jornadas y suspensiones de trabajo temporales, entre otras.
En definitiva, se inauguró el ajuste vía salarios y organización laboral, el cual no había existido hasta la fecha, para paralizar la destrucción de empleo continuada desde el 2008 y, tras detener la sangría, introducir los mecanismos de flexibilidad suficientes tanto en salarios como en condiciones laborales para que, tanto en tiempos de crisis como de bonanza, se pudiera llegar a soluciones satisfactorias tanto para la empresa como para el trabajador. Así, se redujo de forma drástica el crecimiento mínimo económico para poder crear empleo, elevándose el denominado coeficiente de Okun por encima de la unidad (aunque el aumento del PIB sea bajo, el desempleo se reduce).
Por ejemplo, sin la reforma laboral del 2012 hoy no habría sido posible usar el mecanismo de los ERTE generalizado durante la pandemia y que a día de hoy protege el empleo de casi 300.000 personas. Si bien la cifra real de puestos congelados es sustancialmente mayor (la estadística oficial todavía está bajo los efectos de la estacionalidad del verano), el efecto negativo de la crisis sobre el empleo ha sido mucho más reducido que en la crisis del 2007. Tal como calcula CaixaBank Research, las medidas de protección del empleo han evitado hasta 15 puntos porcentuales de tasa de paro. Sin la reforma laboral y sin los ERTE, habría escalado hasta el 30 %, mientras que gracias al esquema regulatorio actual esta se ha quedado en entre el 14 % y el 15 %.
La existencia de mecanismos de flexibilidad que permitan acuerdos libres bajo una normativa simétrica entre trabajadores y empresarios es imprescindible para no volver a caer en el error histórico de la centralización de la negociación en clave colectiva, donde no se discrimina ni por productividad, ni por sector ni por las condiciones particulares que las empresas tienen en cada momento. Estamos a tiempo de evitar la derogación de un pequeño paso que ha sido vital para modernizar la economía española.