Frente legal contra los okupas

Toni Miranda PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE AFECTADOS POR LA OKUPACIÓN

OPINIÓN

ANGEL MANSO

24 sep 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

PSOE y Podemos han negado sistemáticamente que la okupación sea un problema, y lo han hecho en el Congreso, desde la Vicepresidencia del Gobierno y varios ministros como Margarita Robles, que este verano declaraba que no es necesaria una ley porque la legislación actual es suficiente para hacer frente a la situación y proteger los derechos de los propietarios. No es de extrañar que hayan rechazado todas las propuestas de la oposición para legislar en este sentido.

El PP presentó una proposición de ley en la que se trataba de endurecer las penas a los okupas, al tiempo que daban poder a las comunidades de vecinos para actuar. Fue rechazada por 179 votos en contra, 158 a favor y 8 abstenciones. El Gobierno de Pedro Sánchez ha impuesto un bloqueo. Existe una política social-comunista que cuestiona el derecho de propiedad, utilizando a los vulnerables como escudos humanos. Ante la alarma social, el Gobierno puso en marcha dos tenues medidas que tan solo han actuado como cortina de humo. La instrucción 1/2020 del ministerio fiscal, y la instrucción 6/2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad. La cruda realidad es que, durante la presidencia de Pedro Sánchez, la okupación no ha parado de crecer. Y lo ha hecho amparada por las medidas de paralización de los desahucios, destinadas a bloquear la acción de la justicia dirigida a restituir la propiedad a su legítimo titular. Este ataque a la acción judicial ha creado un espacio de impunidad al que han acudido delincuentes y vividores, provocando la evolución del problema de la okupación, aumentando el grado de violencia, y convirtiendo esta manera de vivir en un rentable negocio de mafias y delincuentes. La inseguridad jurídica se ha apoderado del mercado inmobiliario.

Necesitamos una legislación que permita la recuperación de la vivienda en menos de 12 horas. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil debe agilizar la acción judicial, y la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana debe permitir que las fuerzas de seguridad puedan proceder. De un delito no puede emanar un derecho. Ni el allanamiento de morada ni la usurpación de vivienda pueden generar derecho de morada. Necesitamos una ley que devuelva la normalidad al Estado de derecho. Hay que definir con claridad conceptos que no pueden quedar bajo la arbitrariedad. Sin duda alguna necesitamos empoderar a los vecinos para que no sigan viviendo con impotencia bajo la agresión de okupas violentos, antisociales y, muchas veces, delincuentes. También debemos legislar para enfrentar los problemas sociales que han sido derivados al submundo de la okupación, cuando debían ser atendidos por las instituciones públicas. Necesitamos una clara reforma de la gestión de servicios sociales y una política de la vivienda acorde con nuestro nivel de democracia, en línea con nuestros socios europeos. Hay mucho trabajo por hacer. En nuestra organización estamos fomentando el debate con las fuerzas políticas de la oposición sobre las medidas legislativas que deben desarrollarse. Afecta a toda la sociedad española. No vamos a parar hasta acabar con la lacra de la okupación en España.