La patronal y el salario mínimo

Fernando Salgado
Fernando Salgado LA QUILLA

OPINIÓN

MARTINA MISER

09 sep 2021 . Actualizado a las 08:47 h.

Este año bajarán los sueldos. Nominalmente, si atendemos a las subidas pactadas en convenio, subirán un 1,5 %. Pero la cesta de la compra se encarecerá más, probablemente en torno al 3 %. Los trabajadores tendrán algunos euros más en el bolsillo y algunos productos y servicios menos en su casa. Bajan sus salarios reales. Tampoco obtendrán compensación alguna por la pérdida de poder adquisitivo: pocos de los 2.246 convenios firmados hasta julio incluyen cláusulas de revisión.

Bajan los salarios en general, pero, si el Gobierno no lo remedia, bajarán más los más precarios. Los de millón y medio de trabajadores que, sin convenio ni capacidad de negociación alguna, perciben el salario mínimo. Incluso, si este se mantiene congelado como defiende la patronal, el recorte será exactamente el fijado por la inflación: del 3 %, décima arriba, décima abajo. La crisis pasa factura a todos, empresas y trabajadores, pero cuesta admitir que la mayor cuota recaiga sobre los más débiles. Que la renta real crezca no menos del 6 %, dicen las previsiones, mientras los salarios más bajos se reducen, es para hacérselo mirar.

Intento comprender las razones de la CEOE para rechazar de plano toda subida -nominal- del salario mínimo. Una patronal que, bajo la presidencia de Antonio Garamendi, demostró en los tiempos del covid un sentido de la responsabilidad que echamos en falta en la oposición política. Capaz, junto con los sindicatos, de alcanzar repetidos acuerdos en la mesa del diálogo social. Por eso sorprende su postura inflexible de ahora. Con el empleo en franca recuperación y el paro en franco retroceso, ¿qué daño puede hacer al tejido empresarial una subida mínima de los salarios más bajos?

Estaríamos hablando, si el alza fuese igual a la pactada en convenio, de 14,25 euros en cada una de las cuatro pagas del último trimestre. O sea, que el trabajador con salario mínimo cobre este año 13.357 euros, en vez de 13.300 (950 por catorce pagas). Alegar que esa subida incrementaría los costes de las empresas -una pizca, sí, claro- suena a disculpa de mal pagador. El argumento chirría más si tenemos en cuenta que, en solo unos días, comienza la negociación para prorrogar los ERTE: el volumen de recursos públicos destinados a ahorrar costes a las empresas. Y esta vez no hablamos de una pizca.

Debe haber, pues, otra explicación a esa posición numantina. Quizás a Garamendi no le preocupa esta escaramuza, sino las subidas escalonadas que vienen hasta el 2023, hasta situar el salario mínimo en el 60 % del salario medio, como prometió el Gobierno en su programa y recomienda la Carta Social Europea. O quizás a Garamendi, presionado por una parte del empresariado que lo considera blando y complaciente en demasía, y demonizado por el líder del PP desde que tuvo la osadía de justificar los indultos, ya no le gustan las fotos en malas compañías. Esta hipótesis, la interpretación política, me resulta especialmente ingrata. Tanto, que deseo equivocarme de lleno.