Desde hace meses, quizá algunos años, esta columna viene anotando con alarma cómo la mancha del rencor se va extendiendo por la política y la sociedad española. Su vertiente más purulenta, el delito de odio, ya figura en las estadísticas de la delincuencia que cada año hace públicas el informe de la Fiscalía General del Estado. No se puede decir que España sea un país violento, pero esos delitos alcanzan tal volumen, y algunos tal crueldad, que el ministro del Interior entiende que «ponen en tela de juicio las bases del Estado de derecho» y el presidente del Gobierno convocó con carácter de urgencia, para mañana, a la comisión de seguimiento y prevención de esos delitos. Alguna señal de alarma llegó al palacio de la Moncloa.
El episodio que encendió las alertas no ha sido la muerte cruel -para mí, asesinato- del joven Samuel Luiz en A Coruña, sino la agresión en Madrid -que al final resultó falsa- a otro joven al que cortaron un labio con un cúter y le grabaron a cuchillo en el glúteo la palabra «maricón». Como fue un ataque de ocho encapuchados, se alimentó la idea de que hay bandas organizadas que recorren las ciudades a la caza del homosexual. El año pasado, a pesar del estado de alarma, fueron «cazados» 277 homosexuales. Si España sorprendió por su tolerancia, corre el riesgo de perder ese liderazgo. Alguien quiere combatir ese orgullo.
Pero no solo hay violencia homófoba. Hay otras incluso peores, al menos numéricamente. Si, como digo, las agresiones por inclinación sexual fueron 277 en el 2020, las racistas han sido 485 y las ideológicas, 326. Y en las últimas horas se produjo un agravante: nada menos que el ministro del Interior sospecha que esa violencia tiene relación con determinados discursos políticos y la ministra y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, culpó directamente al partido Vox y al Partido Popular por «quitarle hierro al discurso de odio que la extrema derecha lanza a diario». Una de las grandes cuestiones de este momento es, así, investigar si hay intencionalidad política en las agresiones o si hay incitación de alguna fuerza política a los delitos de odio. Esa sí que sería razón para pensar en aplicar las previsiones de la Ley de Partidos.
Tal como está la polarización -Raúl del Pozo llegó a escribir que «el odio al adversario es de un 36 sin tiros»-, solo nos faltaba ahora mezclar los brotes de violencia de cualquier origen e intención con la malquerencia partidista, por lo demás evidente en líderes independentistas como Puigdemont. Esperemos a ver qué dictamen hace mañana la comisión de delitos de odio convocada por Pedro Sánchez. Mientras esa comisión se reúne, digamos lo elemental en estos casos: el delito de odio, en cualquiera de sus vertientes, atenta contra la convivencia; mezclarlo con la política, sea como causa o como resultado, es una seria amenaza para la paz civil. Son palabras muy mayores.