Este viernes destaqué aquí que el destrozo de las relaciones institucionales entre los poderes y órganos del Estado será una de las peores herencias que Sánchez nos legará cuando su presidencia finalice. A tal destrozo, inconmensurable y quizás ya irreversible, se añade el maltrato manifiesto del Gobierno socialista-podemita hacia las comunidades que no son de su cuerda o de la de los nacionalistas. Muestra clara de esa desigualdad (palo para unas, las leales a la Constitución, y caramelo para otras, entre ellas la que gobiernan los golpistas) fue la impugnación por el Gobierno del artículo 38.2 de la ley gallega de 25 de febrero del 2021, que, modificando lo previsto en la ley de salud regional del 2008, establecía toda una serie de medidas de preventivas en materia de salud pública (entre ellas la que se dio en llamar vacunación obligatoria) que permitían a la Xunta luchar de modo efectivo contra el covid. Y es que frente a una práctica asentada en las relaciones entre el Estado y las comunidades, el Gobierno procedió a la impugnación sin una negociación previa con la Xunta, que se enteró del recurso por la prensa.
La impugnación de la norma gallega se produjo por una vía constitucional que supone la suspensión automática de los preceptos recurridos, aunque el Constitucional debía ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses. Ayer, hay que suponer que para gran satisfacción de la Xunta y profundo disgusto del Gobierno (¡otro más!), el Constitucional levantó la suspensión, antes de que finalizase el plazo fijado, sobre todos los apartados del artículo 38.2, salvo el relativo a la llamada vacunación obligatoria.
¿Por qué satisfacción, de unos, y disgusto de los otros? Pues porque el auto del alto tribunal, aunque no se pronuncia ahora sobre fondo del asunto, desautoriza con toda claridad los argumentos de la Abogacía del Estado (es decir, del Gobierno) a favor de mantener la suspensión: «Los argumentos expuestos por el abogado del Estado -sostiene el alto Tribunal- no pueden ser atendidos […] pues su alegato se sustenta en una interpretación desmesurada de lo dispuesto en el precepto legal impugnado». Una actitud que es, si cabe, más escandalosa a la vista de la increíble inacción del Gobierno en la lucha contra el covid.
Pero el Constitucional dice algo más: subraya la diferencia de trato del Gobierno entre distintas comunidades. Y así, apunta, aunque «las medidas preventivas que se prevén [en el precepto impugnado] son similares a las reguladas por normas dictadas por otras comunidades autónomas (e incluso por el Estado)», el Gobierno de la Nación no adoptó «la decisión de impugnar las normas autonómicas de contenido semejante al del artículo 38.2 de la ley gallega». Esa es la forma escandalosa de actuar de este Gobierno: mientras trata de dificultar la lucha de Galicia contra el covid, cierra los ojos cuando una institución financiera pública de Cataluña avala económicamente los dispendios ilegales de unos delincuentes.