Partamos de un principio: toda sentencia de un tribunal que tumba una decisión del Poder Ejecutivo es una humillación para el Gobierno. Añadamos una circunstancia: si esa sentencia es fruto del recurso de un partido llamado Vox, es una humillación con agravio. Y añadamos un agravante: si la sentencia tumba todo lo que apoyó la izquierda cuando se votó en el Congreso de los Diputados, son varios los partidos de izquierda que se consideran agraviados, con lo cual llegan a la conclusión de que el Tribunal Constitucional está minado y dominado por la peor derecha del país. Y lamentémoslo: ese es el estado de opinión que se puso en marcha después de conocerse la sentencia que declara parcialmente inconstitucional el decreto del estado de alarma del mes de marzo del 2020.
Para quienes tenemos un conocimiento superficial de las leyes hay dos formas de asomarnos a la importantísima decisión del Constitucional. Una, muy solemne, para decir que ha sido fruto de un análisis jurídico profundo, serio y sosegado. El tiempo que los magistrados han dedicado a su análisis y discusión ampara esa tesis. Otra, mucho más llana, es la que expresó la ministra y magistrada Margarita Robles: que responde a «elucubraciones doctrinales». Admítanme un criterio integrador: un análisis jurídico y sosegado degeneró en una gran y no menos profunda elucubración doctrinal. Suele ocurrir entre gentes de leyes.
El desenlace de la aventura lleva también a dos efectos. El primero, que el pueblo llano tiene, tenemos, enormes dificultades para distinguir la diferencia que, desde el punto de vista de la salud pública, existe entre estado de alarma y estado de excepción. Si uno suspende derechos sociales, el otro también, aunque cambie la forma de tramitación. El segundo, que las sutilezas de los magistrados del TC vienen a agravar la sensación de falta de seguridad jurídica cada día más sentida en amplísimos sectores de la sociedad. Si falta esa seguridad, es que el Estado de derecho y la legitimidad institucional están profundamente heridos.
Francamente, es lo que empiezo a pensar. La crisis institucional es justamente lo que estamos viendo: instituciones de todo tipo, desde el Consejo del Poder Judicial al Tribunal Constitucional pasando por el Tribunal de Cuentas, están siendo sometidos a una incomprensible erosión. Ante sus decisiones últimas se comportan igual quienes quieren cambiar el régimen (los independentistas) y quienes van de constitucionalistas por el mundo: les gustan las decisiones que les favorecen y se levantan contra las que les perjudican. Esto, dicho sea con los debidos respetos, no es la normalidad de un Estado de derecho sólido, donde las sentencias se acatan y se respetan. Esto es lo propio de un inquietante deterioro institucional que solo pueden resolver los señores Sánchez y Casado. Y no parece que ninguno tenga la menor intención.