El secreto profesional es un derecho

Augusto Pérez-Cepeda PUNTO DE VISTA

OPINIÓN

PACO RODRêGUEZ

08 jul 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

Cuando los abogados hablamos del «secreto profesional» de nuestra profesión no es una mera obligación; es un derecho de la ciudadanía que recoge la Constitución sobre la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales, protegiendo así el derecho de defensa. No es un capricho de la profesión; es un derecho constitucional, que además recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y parece que es necesario recordarlo ante el Real Decreto 243/2021, de 6 de abril, a través del que se modifica el reglamento general de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria. Este real decreto impone un deber de información a los denominados «intermediarios», entre los que se incluye a la abogacía. Este documento aplica normativa europea y la adapta para su implantación, pero la manera escogida de hacerlo limita el secreto profesional de un modo inadmisible.

El secreto profesional no es una manga ancha de la abogacía. Los abogados no podemos negarnos siempre y de manera absoluta a colaborar con la Administración tributaria amparándonos en el secreto profesional, sino que hay que considerar cada caso. Efectivamente, hay que adoptar la norma emanada del Consejo Europeo, pero este organismo deja a cada país la aplicación concreta conforme a la normativa de cada uno de ellos en materia de secreto profesional. Y en este caso, el Consejo de Ministros de España se excede y su decisión sobrepasa el Derecho de la Unión Europea.

Bajo esta situación, el Consejo General de la Abogacía ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo solicitando la inaplicación cautelar de este reglamento ya que se quiebra el principio de tutela judicial efectiva. Una vez más, nos situamos como garante de un derecho constitucional de la ciudadanía.