Los baby boomers, que durante las tres últimas décadas hemos generado enormes dividendos a la Seguridad Social, comenzamos a ser ahora su principal problema. Ningún responsable político con deseo de mantenerse en el cargo se había atrevido a insinuarlo públicamente. Acaba de hacerlo el ministro Escrivá al afirmar que esta generación, de la que también él forma parte, es «más ancha» y tendrá que asumir «algo del esfuerzo (…) de moderación del gasto en pensiones».
Sí, los baby boomers somos muchos: aproximadamente 13 millones de mujeres y hombres nacidos en España entre 1958 y 1977, un período durante el cual se registraron entre 650.000 y 700.000 nacimientos anuales (téngase en cuenta que la media de los tres años anteriores a la pandemia fue de 375.000). Además de nuestro gran volumen demográfico, nos caracterizamos por contar con una esperanza de vida más elevada que la de cualquier generación anterior y, también, con tasas de ocupación más altas, ya que, desde los años 80, las baby boomers nos incorporamos masivamente al mercado de trabajo con voluntad de permanecer en él, generando así derechos de pensión contributiva.
En el 2022 los primeros baby boomers cumplirán 64,5 años, la edad media a la que hoy se jubilan los trabajadores en España. A partir de entonces, cada año aumentarán los baby boomers pensionistas y disminuirán los cotizantes, y así, hasta aproximadamente 2045, cuando prácticamente todos los baby boomers vivos seremos pensionistas. Además, si la legislación no cambia, muchos cobraremos no solo una pensión de jubilación, sino también de viudedad cuando fallezcan nuestros cónyuges o parejas.
Escrivá ha dicho que tendremos que trabajar durante más tiempo o aceptar un ajuste «muy moderado de nuestra pensión», dando a entender que el mecanismo de equidad intergeneracional que su ministerio está diseñando para sustituir al (nonato) factor de sostenibilidad de la reforma de 2013, se aplicará específicamente a nuestra generación. ¿Es esto injusto? No, si se trata de evitar que el irremediable crecimiento del gasto en pensiones comprometa otras partidas de cuya financiación también depende el bienestar colectivo.
Ahora bien, cuánto habríamos agradecido que se nos hubiera informado mucho antes de este desafío que representamos para la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, tal como vienen advirtiendo desde hace años los expertos. Esa información podría habernos permitido planificar mejor nuestra jubilación.