Hace unos meses el Congreso de los Diputados aprobó la tercera renovación de las recomendaciones del Pacto de Toledo, con 262 votos a favor, 2 en contra de la CUP y 78 abstenciones de un grupo muy dispar. Una votación y un acuerdo que necesitó 5 años.
Desarrollar la reforma del sistema de pensiones es el reto pendiente para este Gobierno y esta sociedad, que han avanzado un paso con un primer acuerdo social. Un primer acuerdo que arrumbará con el texto del 2013 aprobado unilateralmente por el Gobierno de Rajoy y que en estos 8 años nunca se aplicó.
En este primer acuerdo quedan temas por resolver, pero se dan pasos importantes respecto a la penalización de la jubilación anticipada -tan abusada por grandes corporaciones con prestaciones de paro incluidas-, y el incentivo económico para prorrogar la vida laboral.
Uno no puede evitar la intuición de que el fondo de la Seguridad Social, al menos hasta el Pacto de Toledo y la creación de su Fondo de Reserva -un pacto impulsado por los nacionalistas catalanes de CiU-, ha sido uno de los misterios en la gobernación económica de este país. No solo porque con él se haya comprado deuda pública española, o soportado el déficit de la Seguridad Social, sino porque se acudió a estos fondos de la Seguridad Social para paliar déficits en los presupuestos generales. Algunos estructurales, como los denominados «gastos impropios», entre ellos las prestaciones por nacimiento, los incentivos a las contrataciones, o los complementos de maternidad.
Gastos impropios que están en el origen de esos 45.000 millones de déficit de la Seguridad Social y que el Estado financiará ahora vía presupuestos. Al igual que se viene haciendo con las prestaciones de las mutuas de funcionarios, la mayoría no adscritos al régimen general, que dadas sus bajas aportaciones financia también el Estado en sus presupuestos. Por no hablar de las pensiones no contributivas, el arbitrario comportamiento consentido de las cotizaciones de los autónomos, o las bajas cotizaciones de muchos trabajadores por cuenta ajena castigados con salarios bajos y cotizaciones aún más bajas. Todo ello sirve para comprender en qué consiste este sistema de prestaciones tan opaco y distorsionado, donde los ciudadanos creen que reciben lo que han aportado, cuando solo supone entre el 40 % y el 60 % de lo que cobrarán al jubilarse. El resto lo aportan las nuevas generaciones que trabajen. Por eso, en este declive demográfico, se necesita un nuevo factor de solidaridad intergeneracional que alivie las tensiones que las pensiones sufrirán hacia el 2050, con la jubilación de la generación del baby boom.
Queda por delante más negociación y trabajo. También el nuevo factor de sostenibilidad, por más que CC.OO. considere que la derogación del 2013 favorece a los más jóvenes: los nacidos en 1960 verán incrementada su pensión en un 5 %, frente al 20 % de los nacidos en 1990. ¿Será cierto? Esperemos al 15 de noviembre, Santo Alberto, término de la negociación pendiente.