El pacto alcanzado por el Gobierno y agentes sociales sobre las pensiones nos devuelve exactamente diez años atrás. Concretamente, un 27 de junio de 2011, la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso aprobaba la reforma de pensiones, enviándola al Senado para continuar su trámite parlamentario, en la cual se introducía pero no se determinaba el concepto de «factor de sostenibilidad». Tuvo que esperar dos años para detallarse la fórmula de cálculo y su entrada en vigor: 2019.
Gracias al desarrollo realizado por la comisión de expertos que se nombró a tal efecto en 2013, se puso en marcha por primera vez una reforma no paramétrica que iba mucho más allá de los ajustes tradicionales de edad de jubilación, cómputo de años para el cálculo de la pensión o sacar partidas de la caja de la Seguridad Social colocándolas en los Presupuestos Generales del Estado.
Sin embargo, ni siquiera se le ha dado la oportunidad al factor de equidad intergeneracional (uno de los dos componentes del factor de sostenibilidad, aquél que ajustaba la pensión a la esperanza de vida) de entrar en vigor y lograr un mecanismo de ajuste automático del sistema público de reparto. Desde entonces, el déficit estructural del sistema ronda los 2 puntos de Producto Interior Bruto (PIB), con una ratio de gasto en pensiones sobre PIB que alcanzará el 14,2% en 2050. Derogar definitivamente el factor de sostenibilidad y aplicar revalorizaciones sobre Índice de Precios al Consumo (IPC) supone incrementar en 40.000 millones el gasto público hasta esa fecha.
Excepto dos medidas muy necesarias como son la promoción del segundo pilar de las pensiones (previsión social complementaria vía planes de pensiones de empleo) y la necesidad de dejar en la caja de la Seguridad Social todo lo que sea gasto estrictamente contributivo (por ejemplo, las pensiones de viudedad y orfandad, al igual que el gasto en los expedientes de regulación temporal de empleo deben ir a Presupuestos), el resto puede resumirse como el eterno retorno de lo mismo: cambiar las cosas para que no cambie nada.
Tras esta mal llamada «reforma», el agujero estructural del sistema público de reparto continuará y, lo que es peor, se siembra un factor de inestabilidad potencialmente muy peligroso como es la revalorización según el IPC en plena escalada inflacionista sobre la que no sabemos cuánto tiempo estará con nosotros y cuánto de intensa será.
A pesar de que el ministro Escrivá, patronal y sindicatos aseguren que es un acuerdo satisfactorio para todas las partes, ¿de verdad lo es para la economía española a medio y largo plazo? ¿Y para los futuros pensionistas?
Creo que es un mal precedente y otra oportunidad (más) perdida de tener un sistema público estable a largo plazo, sostenible y suficiente.