No sé qué tiene Barcelona que grandes políticos, en cuando llegan allí, se convierten a alguna causa independentista. Le ocurrió a Pablo Casado, que más defensor de la idea de España no puede haber, pero fue entrevistado por Jordi Basté en RAC-1 y se puso a criticar la actuación del Gobierno de su propio partido en los sucesos del 2017. Le volvió a ocurrir a Ione Belarra, que este fin semana será ascendida al cielo de Podemos: se sentó en el mismo estudio radiofónico, no pudo contener su simpatía por el mito independentista Puigdemont, a pesar de que ella es de Pamplona y ministra del Reino de España, y propuso su retorno a sin tener que pasar por el fielato del Tribunal Supremo. Es admirable su sentido de adaptación al terreno. ¿O es que la señora Belarra cree que Puigdemont no hizo nada ilegal como líder del procés y no es un fugado de la Justicia, sino un pobre exiliado, comparable a los exiliados del franquismo, como dijo su antecesor, el retirado Pablo Iglesias?
Si es así, si Belarra cree que Puigdemont es víctima de la represión -ella lo llama «judicialización de la política»-, tenemos un problema, porque esta ilustre señora es miembro (¿miembra?) del Consejo de Ministros y como tal tiene algunas obligaciones, aunque no figuren en el formulario de juramento. Tiene, entre otras, la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y demás leyes del Reino; la obligación de respetar las decisiones del Poder Judicial o la obligación de ser leal a los criterios del Gobierno al que pertenece. Y no lo ha sido, porque la persona que habla en nombre de ese Gobierno, la ministra portavoz, tuvo que salir a aclarar la posición del gabinete: que Puigdemont venga cuando quiera, pero para ser juzgado. Eso es lo habitual en un Estado de derecho.
Otra cosa es discutir si se le puede detener al poner un pie en España, dado que el Parlamento Europeo le ha reconocido inmunidad parlamentaria de forma provisional. Esa es una discusión jurídica de alto nivel y, por parte de Puigdemont, una opción que él debe elegir: seguir refugiado en Waterloo porque el miedo es libre y la cárcel no es tan cómoda como su casoplón belga, o jugar al martirio para engrandecerse frente a la figura de Junqueras, que es su más solvente competidor en la carrera de libertador de Cataluña.
Ante una situación así, lo normal en los países civilizados que tienen gobiernos coherentes ante las cuestiones esenciales del Estado es que los ministros compartan el mismo código por convicción y, si no tienen esa convicción, por disciplina. Aquí no. Aquí tenemos un Gobierno con su parte republicana, que desde el coche oficial predica el delenta est Monarchia. Y tenemos el mismo Gobierno con su parte defensora de la unidad nacional y su parte defensora del divertido juego de la autodeterminación. Lo increíble es cómo lo aguanta el país del sentido común.