Ya sé que la función de un ministro no consiste en aplicar su saber a la ejecución de los proyectos de su departamento, sino dirigir y coordinar a los técnicos que tienen el deber y la capacidad de hacerlo. En España y en todo el mundo hay sobrados ejemplos de buenos ministros de obras públicas que no eran ingenieros, ministros de sanidad que no eran médicos, ministros de justicia que no eran jueces, y ministros de agricultura que nunca se habían subido a un tractor. Pero, una vez asumido este enfoque, es evidente que no se debe exagerar, ni llegar a la conclusión de que el que vale para un ministerio vale para todos, o de que un ministro puede tener éxito en su cargo sin saber nada sobre aquello que gestiona, o siendo «un triste afisionao que buscaba la ocasión».
A mí no deja de sorprenderme, por ejemplo, que estemos transitando por esta excepcional crisis económica y sanitaria teniendo a una médica al frente de Hacienda y a un filósofo y una jurista al frente de Sanidad. Puede ser, ya lo he dicho, e incluso es legítimo y legal, como diría un todólogo de Madrid. Pero yo dormiría más tranquilo si no fuese así. Y si digo esto ahora, y no antes, es por el estupor que me produjo un titular de prensa leído ayer.
La noticia decía así: «El Estado inyecta 13.830 millones de euros a la Seguridad Social para garantizar el pago de las pensiones». A lo que el periodista añadió este clarificador subtítulo: «El Gobierno sale de nuevo al rescate del sistema, que lleva casi diez años en números rojos». ¿Y cómo explicó el problema la ministra de Hacienda, médico de profesión, y portavoz del Gobierno? Pues con esta prenda barroca de su peculiar estilo: «El préstamo evidencia el compromiso del Gobierno por la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social a corto, medio y largo plazo».
Eso quiere decir que la señora Montero desconoce la diferencia que hay entre la garantía de pago de las pensiones y su sostenibilidad. Y que considera normal una situación que, aunque lleva varios años llamando a la puerta, resulta acongojante en la tribulación financiera que padece el Estado. La transferencia de 13.830 millones de euros de la Hacienda del Estado a la Seguridad Social, para pagar las pensiones de junio, solo significa que la insostenibilidad del sistema ya se toca con la mano, y que su reforma, tantas veces aplazada, es de extrema urgencia, salvo que queramos asumir que la garantía de una vejez digna, que es lo deseado, se convierta en una pura ayudita para hacer menos dramático el momento del sálvese quien pueda. El señor Escrivá le quitó hierro al tema de esta forma más técnica y con mejor diagnóstico: «Los compromisos de pago de junio y noviembre, que implican cuatro mensualidades por pensionista, son excepciones que hay que contemplar». Pero la ministra ha demostrado desconocer el fondo del asunto y manejar un pésimo diagnóstico. Y eso, siendo médica de profesión, debería llevarla no a dimitir, que es verbo en desuso, sino a alarmarse por su propia gestión.