A todos los gobiernos les gusta tener a su favor al mundo empresarial. Ese objetivo suele ser muy sencillo para los gobiernos conservadores por razones fáciles de entender. Pero tampoco es difícil para los gobiernos socialistas: el poder político tiene un instrumento llamado Boletín Oficial del Estado y la mera posibilidad de usarlo suscita grandes adhesiones. El problema se produce cuando el poder político se le queda pequeño al gobernante y pretende ampliar sus áreas de influencia o dominio y empieza a buscar zonas de expansión territorial. Comienza por las instituciones, sigue por las empresas públicas, cuyos presidentes son de designación directa y, por tanto, de toda confianza. Y termina por las sociedades participadas por el Estado a través de la SEPI.
Ahora mismo hay el caso de una gran empresa tecnológica, Indra, en la que el Estado es accionista mayoritario, aunque solo posea el 18 por ciento. Según todas las informaciones, el Gobierno comunicó a su consejo de administración que Moncloa vería con buenos ojos el cambio de presidente porque tiene otro candidato. El presidente que va a cesar se llama Fernando Abril-Martorell, tiene una brillante biografía de ejecutivo en grandes empresas y lleva seis años en la presidencia de Indra. El llamado a sucederle, también sugerido por el Gobierno, se llama Marc Murtra y su designación se retrasa porque suscita rechazos al no tener o no conocérsele suficientes méritos para tan alta responsabilidad. La bolsa lo recibió con una caída del 8 por ciento. Según se acaba de difundir, tiene fuertes vínculos con el PSC, el Partido de los Socialistas de Cataluña. Y casualidades de la vida: son los mismos vínculos de los nuevos presidentes de Aena, Hispasat y Renfe. Parece que la colonización empresarial va en serio. Ya que Pedro Sánchez no puede cambiar los grandes apellidos empresariales (lamento que empezó con Felipe González y siguió con Zapatero), mete cuñas importantes en las empresas de la SEPI.
Ante las críticas recibidas, el Gobierno rechaza que se hagan lecturas políticas del cambio, pero son inevitables. Las evidencias son notorias, por no decir escandalosas. Como no me manejo bien en este mundo, acudo al testimonio del gran José Luis Leal, uno de los padres de la política económica de la Transición en un artículo que publicó El País. En Fernando Abril reconoce este experto una «brillante trayectoria» profesional que hizo de Indra una empresa líder mundial, con una facturación creciente que superó los 3.000 millones de euros y un número de empleados que pasó de los 35.000 a su llegada a los 50.000 en la actualidad.
Ante los datos, José Luis Leal pide que al menos se expliquen las causas del relevo. Contestar que no se hagan lecturas políticas me parece una meridiana -y vergonzante- confirmación. Y para España, un grave riesgo: la afinidad ideológica nunca fue garantía de buena dirección.