El Supremo emitió su esperado dictamen en la dirección prevista: se opone al indulto a los presos del procés. Considera que no existe «la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento». Trámite cumplido. El Gobierno ya tiene completo el expediente para tomar una decisión (política). La derecha -PP, Vox, Ciudadanos y Junts, que rechazan los indultos- ya tiene munición de grueso calibre para su guerra total (política). Insisto en lo de política, porque jurídicamente no debería haber debate. La ley de 1870, que lleva al pie la firma del ilustre gallego Eugenio Montero Ríos, es diáfana. Al Gobierno corresponde aprobar o denegar las medidas de gracia. Una potestad que han ejercido más de diez mil veces los gobiernos de la democracia. Y al margen de los informes, favorables, desfavorables o mediopensionistas, del tribunal sentenciador. Al general Armada, el «elefante blanco» del 23-F, lo sacó de la cárcel un indulto parcial de Felipe González, con el beneplácito del Supremo. Posteriormente, el Supremo apoyó el indulto al coronel Tejero, alegando razones «de conveniencia pública» -aunque el asaltante a tiros del Congreso era reincidente y no estaba arrepentido-, pero esta vez González lo denegó.
Usar la espada de la ley como arma en la batalla (política) que se avecina supone un engaño. Como cuando Casado dice: «La ley de indultos en España requiere de arrepentimiento». Falso: la ley no exige tal cosa. O cuando su lugarteniente dice: recurriremos los indultos al Supremo. Igualmente falso: el PP no puede apelar a los tribunales porque no forma parte de la causa ni es «parte ofendida». El tribunal sentenciador ya dijo su última palabra: no habrá indulto total, porque a su juicio no existen «razones de justicia, equidad o utilidad pública» que lo justifiquen. El Gobierno no puede anular las condenas, pero sí rebajar las penas y sacarlos de la cárcel. En su mano está.
Entramos en la dimensión política. Gobierno y oposición, PSOE y PP por simplificar, calan bayonetas para la cruenta guerra de los indultos. Los primeros defienden el castillo monclovita que los segundos pretenden conquistar. La posición de los primeros es, a priori, más delicada: los indultos reforzarán sus lazos con ERC y su apoyo al Gobierno, pero el coste en términos electorales puede ser elevado. Los segundos no tienen ninguna duda acerca de la estrategia a seguir: guerra a sangre y fuego hasta arrasar la fortaleza.
Pero si se analiza la cuestión bajo el prisma de la «utilidad pública», se impone otra lectura. Los indultos no pacificarán Cataluña ni la transformarán en la Arcadia de la convivencia. Pero no hay duda de que constituirán un factor de distensión en aquel polvorín. Grande o pequeño, pero inocuo. Díganme, si no, qué beneficios obtenemos los ciudadanos de que Junqueras y demás se pudran en la cárcel. ¿Evitar que reincidan? Eso ya está hecho: con o sin indulto parcial, los condenados seguirán inhabilitados para cargo público. El indulto, además, a diferencia de la amnistía, perdona pero no olvida: los reincidentes no pueden obtener medidas de gracia.