Hace algo más de un año comenzó una crisis que no tuvo precedentes en el tiempo que nos ha tocado vivir. Ello obligó a las autoridades sanitarias a tomar medidas muy duras y drásticas, encaminadas a controlar la cadena de contagios. La sociedad reaccionó con responsabilidad y sacrificio pero, a medida que fueron transcurriendo los meses, la fatiga pandémica trajo consigo que muchas voces clamaran y reivindicaran una relajación progresiva de estas medidas, a pesar de que la situación epidemiológica continuara mostrándose inestable, lo que se evidenciaba a través de las sucesivas oleadas de contagios.
Uno de los cambios que resultó ser más impopular y que, naturalmente, tuvo en ocasiones consecuencias negativas fue el de limitar el acceso a los centros sanitarios, dando prioridad a la atención telefónica de los pacientes. El descontento, con el paso del tiempo, fue in crescendo y se empezaron a oír quejas de los usuarios, en los medios de comunicación, en las que se acusaba a los profesionales de atención primaria de que «no quieren ver a sus enfermos».
Ante esto, la Administración sanitaria, en vez de llevar a cabo una labor informativa y pedagógica, opta por una decisión controvertida: incluir, como un «objetivo de calidad», un porcentaje mínimo de consultas presenciales en los centros de salud de atención primaria. Esta decisión es, desde mi punto de vista, totalmente errónea e incluso diría cínica, básicamente por los siguientes motivos:
1.- Se transmite, de forma espuria, un mensaje a la sociedad, en la misma línea de las protestas, como si fuera una decisión tomada por los profesionales, como algo en lo que los directivos «no tuvieron nada que ver», de ahí que nos tengan que imponer medidas correctivas «bajándonos el sueldo» si no cumplimos.
2.- Si la Administración quiere cambiar el modelo, y volver a la anterior situación, lo tiene muy fácil, solo debe modificar las agendas (los profesionales no podemos hacerlo) adaptándolas a la modalidad de consulta que considere oportuna. Además, también tiene la facultad de volver a permitir que el usuario, a través de Internet, pueda solicitar cita presencial, algo que no es posible a día de hoy.
3.- Se le podrá llamar como se quiera, pero desde luego no se trata de un indicador de calidad, entre otras cosas porque los profesionales no tenemos ninguna capacidad de modularlo. Nosotros no determinamos el modo de atención, sino que lo elige el paciente, con las limitaciones antes descritas, impuestas por la organización. ¿Se supone que, a partir de ahora, a todas las personas que nos consulten telefónicamente les debemos decir que tienen que venir al centro de salud de igual forma que las persuadimos, por ejemplo, para que se vacunen de la gripe (este sí es un verdadero objetivo de calidad)?
4.- Se crea un estado de opinión negativo acerca de lo que suponen los incentivos, cuando realmente representan una herramienta ética de gestión en la búsqueda de la mejora continua de la calidad y de la excelencia profesional.
El acto médico se sustenta en la relación médico-paciente. Todos queremos ver a nuestros pacientes en nuestras consultas, estar cerca de ellos, escucharles, atenderles, en definitiva, ayudarles a recuperar su salud. Algunos de nuestros compañeros han fallecido por haber cumplido con su deber. Aunque tratamos de evitarlo, no rehuimos el riesgo, en eso consiste la vocación.