Las campañas electorales no son, desde hace ya mucho, una plataforma para que los partidos expongan sus programas políticos ante los votantes, sino una lucha de estrategias para imponer un marco mental a los ciudadanos antes de que vayan a las urnas. Y resulta obvio que en esta campaña hay dos partidos, Vox y Unidas Podemos, que han coincidido en la intención de alentar la máxima crispación social en unos términos guerracivilistas que no se escuchaban en España desde hace décadas, y que no representan en absoluto la realidad de la calle. El envío de cartas con balas o con navajas a dirigentes políticos supone una amenaza repugnante que merece una condena sin paliativos de cualquier demócrata. Minimizar su gravedad, como hace Vox, es una indignidad. Pero utilizar el acto de unos descerebrados para alentar la confrontación social, tratar de extender la idea de que existe en España una amenaza física generalizada para la izquierda, y criminalizar a todos los partidos de la derecha, como si fueran ellos los autores de esas misivas, es también una peligrosa irresponsabilidad. Y tampoco borran las amenazas recibidas por Iglesias su connivencia con quienes ejercen la violencia.
Cuando grupos radicales lanzaron piedras contra los dirigentes de Vox, atacaron a la policía y patearon a un agente tendido en el suelo, Iglesias no solo no condenó a los violentos, sino que los defendió y arremetió contra los apedreados. Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, incluso se burló de los políticos y policías atacados diciendo que los vecinos habían respondido «pacíficamente» a las «bravuconadas de unos pijos». Dos ministras, Irene Montero y Ione Belarra, dieron las «gracias» por «defender el barrio» a quienes habían empleado la violencia. Echenique ya había expresado antes «todo» su «apoyo» a quienes atacaron violentamente a la policía en Barcelona, quemando coches, incendiando contenedores y destrozando escaparates.
El PSOE y Unidas Podemos exigen ahora al PP la aplicación de un «cordón sanitario» a Vox que le impediría gobernar si no logra la mayoría absoluta. Pero Iglesias, y también Pedro Sánchez, han convertido en su socio a un terrorista condenado por secuestro como Arnaldo Otegi, que no ha condenado a día de hoy uno solo de los más de 800 asesinatos de ETA. Y también es socio del Gobierno un supremacista como Oriol Junqueras, que defiende que los catalanes tienen diferencias «genéticas» con el resto de españoles. El cordón sanitario solo se lo quieren aplicar Iglesias y Sánchez a quien les interesa. Algo que supone un doble rasero moral injustificable. El PSOE se equivoca al secundar la estrategia irresponsable de Vox y Podemos de alentar la confrontación social para ganar votos. Un ministro del Interior, que además es juez, no puede calificar de «organización criminal» al primer partido de la oposición, como ha hecho Grande-Marlaska, porque, gane quien gane el 4 de mayo, al día siguiente hay que seguir gobernando un país. Y, aunque no vivimos en el escenario guerracivilista que algunos quieren pintar, conviene no jugar con fuego.