Hace unos días entró a tramitación parlamentaria el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Es la primera vez que España promueve una respuesta-país frente al desafío del cambio climático, dándonos por fin esperanza para alcanzar los objetivos estipulados en las agendas global y europea, y respondiendo a la necesidad de coordinar medidas climáticas a nivel nacional.
Esta nueva ley supone un aumento de ambición significativo para España, con la finalidad de alcanzar la neutralidad de emisiones para el año 2050. Para ello, esta ley utiliza la descarbonización y la transición energética como ejes principales para la acción. Cierto es que estos ejes tienen un peso significativo en la prevención del cambio climático, particularmente en relación con las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Sin embargo, hay muchos otros factores que deben acompañar para alcanzar los objetivos que la misma ley establece en su artículo primero.
Más concretamente, falta alguna mención en relación a la concienciación y participación ciudadana, y a la integración de las leyes vigentes en materia de gestión de residuos, entre otros aspectos. Otros grandes temas de la transición ecológica, como pueden ser el mantenimiento y conservación de ecosistemas o la protección de los océanos, se abordan de forma relativamente limitada. Hay que ser precavidos y no menospreciar la importancia que tienen todos los matices de la sostenibilidad, en relación a un funcionamiento sostenible de nuestras cadenas de valor.
