Hace unos días entró a tramitación parlamentaria el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Es la primera vez que España promueve una respuesta-país frente al desafío del cambio climático, dándonos por fin esperanza para alcanzar los objetivos estipulados en las agendas global y europea, y respondiendo a la necesidad de coordinar medidas climáticas a nivel nacional.
Esta nueva ley supone un aumento de ambición significativo para España, con la finalidad de alcanzar la neutralidad de emisiones para el año 2050. Para ello, esta ley utiliza la descarbonización y la transición energética como ejes principales para la acción. Cierto es que estos ejes tienen un peso significativo en la prevención del cambio climático, particularmente en relación con las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Sin embargo, hay muchos otros factores que deben acompañar para alcanzar los objetivos que la misma ley establece en su artículo primero.
Más concretamente, falta alguna mención en relación a la concienciación y participación ciudadana, y a la integración de las leyes vigentes en materia de gestión de residuos, entre otros aspectos. Otros grandes temas de la transición ecológica, como pueden ser el mantenimiento y conservación de ecosistemas o la protección de los océanos, se abordan de forma relativamente limitada. Hay que ser precavidos y no menospreciar la importancia que tienen todos los matices de la sostenibilidad, en relación a un funcionamiento sostenible de nuestras cadenas de valor.
Se propone también un cambio intrínseco a través de todos los actores de la sociedad, de modo que todos los grupos compartan esfuerzo y responsabilidad; eso sí, siempre teniendo en cuenta las competencias y capacidades de cada uno. De este modo, la ley se centra sobre todo en la modernización de la economía española a través de diferentes planes estratégicos sectoriales, implicando desde los extractores de recursos hasta las redes de distribución.
A pesar de haber sido catastrófica en muchos aspectos, la pandemia del covid-19 nos ha posicionado de forma excepcional para reconstruir la economía de nuestro país de manera sostenible. No solamente contando con los fondos de recuperación europeos, sino también haciendo uso de las grandes capacidades nacionales: esta ley presenta un marco legal para restringir y a la vez incentivar un desarrollo económico y social sostenible, de todos y para todos.
La ley establece una serie de indicadores para la medición y el seguimiento de la situación actual y de las acciones emprendidas para alcanzar sus objetivos. La unificación de indicadores y estándares de medición cumplen un papel fundamental en la evaluación y el buen funcionamiento de las medidas realizadas. Muchas veces, organismos ambientales y miembros de la comunidad académica encuentran dificultades a la hora de llevar a cabo investigaciones y seguimientos fiables, lo cual a su vez dificulta el desarrollo de políticas eficaces. Además, es un elemento positivo para la gobernanza efectiva y la transparencia, tanto por parte de empresas y otras agencias privadas como públicas.
El proyecto de ley es proporcionado respecto al contexto actual, sobre todo siendo un primer paso hacia la acción climática a nivel nacional. Es una ley muy ambiciosa que reitera la urgencia de esta acción, y eleva a España a los mismos estándares que nuestros vecinos nórdicos.
Dicho esto, deberían contemplarse incentivos extraordinarios para asegurar el compromiso del sector privado en la acción climática estipulada en la ley, más allá de las obligaciones mínimas. Por otra parte, un mayor énfasis en las inversiones en I+D+i pueden dar a España una ventaja en la transición hacia sistemas económicos y productivos más ecológicos y eficientes.