La Xunta, que ya había planteado al Gobierno no hace mucho que acometiese una reforma de la legislación vigente que hiciera posible el inmediato desalojo de los ocupantes ilegales, vuelve a la carga con la necesidad de reformar del Código Penal para endurecer las penas en ese tipo de delitos, de forma que se reconozca el giro radical que ha experimentado en España un fenómeno delincuencial que se agrava por momentos. Para decirlo claro y pronto: la ocupación ha dejado de ser un recurso extremo de personas en situación de desamparo, para convertirse en un simple negocio controlado, como otros tantos, por grupos mafiosos de mayor o menor envergadura.
Es verdad que, incluso cuando la ocupación aparecía sobre todo como la única salida de la que creían disponer personas o familias sin medios económicos para no verse sin un techo, su práctica resultaba inaceptable, pues no son los propietarios de un bien quienes han de soportar la ausencia de viviendas sociales que, para hacer frente a estados de necesidad, debe suministrar el poder público a través de los medios de los que dispone para ello, desde los parques de casas hasta la subvención temporal a los más necesitados. Dicho lo cual, no cabe duda de que en tales situaciones de completo desabrigo el más elemental sentido de la solidaridad inclinaba con frecuencia la balanza de la compresión social hacia el lado de quien recurría a la ocupación ilegal porque no veía otra salida.
Aprovechándose de esa comprensible solidaridad social hacia los más necesitados, grupos de delincuencia organizada han decidido montar un floreciente negocio, ilegal y escandaloso: formalizar alquileres ficticios u ocupar casas vacías, bien para alquilarlas luego a quien de verdad las necesita (curioso tipo de subarriendo en que el arrendatario paga al arrendador pero este no lo hace al propietario), bien para negociar luego un rescate con el propietario del bien ocupado ilegalmente a cambio de liberarlo y/o de hacerlo sin destrozos.
Miles de pequeños propietarios viven en la congoja de que grupos mafiosos ocupen sus viviendas y otros en la angustia de no saber como recuperar bienes que les han sido arrebatados por quienes han convertido en el chollo del siglo su extorsión.
La matonería que todo ello supone, el brutal abuso de la fuerza amparada en una legislación descabellada, ha convertido a esos okupas, que usurpan el nombre de personas que trataban simplemente de no vivir a la intemperie, en uno de las más injustas privaciones de un derecho amparada por el propio Estado de derecho. Y así, miles de pequeños propietarios viven en la congoja de que grupos mafiosos ocupen sus viviendas y otros en la angustia de no saber como recuperar bienes que les han sido arrebatados por quienes han convertido en el chollo del siglo su extorsión.
La ocupación ilegal funciona hoy en España como un sociedad de responsabilidad limitada (S. L.) pues los okupas actúan con absoluta impunidad, mientras el Gobierno, que mantiene la legislación más permisiva de Europa en la materia, se niega a adoptar medidas para acabar con tal escándalo. Cabe imaginar cuando tardarían en hacerlo si quienes sufrieran las ocupaciones fueran quienes hoy no hacen nada para evitar que se produzcan.