Los dogmas funcionan bien cuando se refieren a cuestiones de fe. Pero incluso las religiones suelen definir muy pocos. El dogma suspende la discusión teórica, si la había, o consolida un sentir general de los creyentes. Y, a partir de su proclamación, se impone como no opinable. Cuando se convierte lo opinable en no opinable, es decir, cuando sobre aquello que no es evidente se prohíben todos los legítimos puntos de vista menos uno, que se considera indiscutible; cuando se hace eso, se está definiendo un dogma. El dogma implica, por tanto, un recorte de la libertad de pensamiento y, como consecuencia, de la libertad de expresión. Algo que tiene sentido cuando hablamos de credos, pero no cuando hablamos de política. Nada más peligroso que el dogma civil, que suele degenerar, además, en una moral totalitaria y cruel, porque raramente se basa en la verdad ni en la compasión, sino en las conveniencias del poder.
Algunos indicadores muestran un crecimiento del autoritarismo en el mundo. No solo en Corea del Norte o Turkmenistán (si pueden, no se pierdan el paseo en bici que se montó el otro día su presidente), no solo Maduro o Putin, no solo las atrocidades contra el pueblo de Myanmar o contra la etnia uigur. También en Occidente han caído los índices democráticos: entre los 73 países que según el informe de Freedom House han empeorado en el 2020 figuran varias democracias consolidadas. También España.
Hemos perdido dos puntos de libertad, de 92 a 90 sobre 100, y ha crecido la violencia social blanqueada, como en el resto del mundo, por los nuevos dogmáticos. No hay placer psicológico más gratificante que destruir a otros por una «justa indignación», decía Aldous Huxley.
@pacosanchez