Este martes, 6 de abril, celebraremos el 40 aniversario del Estatuto de Galicia, publicado en el BOE como Lei Orgánica 1/1981, do 6 de abril. Con este hecho hemos accedido a lo que formalmente presentamos como la culminación de una larga arela del pueblo gallego. Pero la realidad es más compleja que todo eso, y cuanto más ajustemos el recuerdo de aquel suceso, más mejorará nuestro pronóstico como nacionalidad histórica, expresión que entonces nos parecía esencial, y que hoy, tras su fuerte devaluación, está cayendo en desuso.
Sin remontarnos al Estatuto de 1936, malogrado por la Guerra Civil, la actual etapa autonómica registró algunos despropósitos que deslucieron los comienzos. El primero fue el inexplicable retraso en la elaboración del proyecto de Estatuto, que, encomendado legalmente a la Asamblea de Parlamentarios, dominada por UCD (17 de los 24 diputados, y 12 de los 16 senadores), anduvo dando vueltas -estériles- por la Comisión dos Dezaseis, de cuyos trabajos -más pegados a la nostalgia de la Constitución de 1931 que al fecundo realismo de 1978- apenas quedan vestigios en el actual Estatuto. Y fue este mareo de perdiz el que nos descolgó del calendario vasco y catalán. Es decir, que en un proceso integrado por seis tramites, que abrió la Constitución de 1978, los vascos y catalanes celebraron elecciones el 20 de marzo de 1980, los gallegos el 20 de octubre de 1981 (18 meses después), y los andaluces, que tuvieron que acudir a la vía del 151, con complejísimos trámites, el 23 de mayo de 1982 (seis meses después de Galicia).
En medio se habían colado cosas tan significativas como el aldraxe de la Comisión Constitucional del Congreso, que, mediante la sorpresiva introducción por parte de UCD de una transitoria tercera, relegaba nuestro Estatuto a la segunda división. Y por ello nos vimos obligados a emplear diez meses en la elaboración y firma del Pacto del Hostal. También tuvimos que soportar un referendo vergonzoso, en el que, sin más explicación que nuestra incuria, cosechamos una abstención del 72 %. Y, como tercera causa de retraso, que influyó en la publicación del Estatuto en el BOE, también se colaron el 23-F y una lentitud innecesaria en la celebración de elecciones (20-10-1981) y la constitución del Parlamento (19-12-1981). Todo fue tarde, regular y arrastro.
Después, gracias a nuestra condición de nacionalidad histórica y al reenganche a la locomotora catalana, recuperamos algunas etapas. Pero, quizá por eso, no nos dimos cuenta de que empezábamos a depender de un título nobiliario -el de nacionalidad histórica- que la dinámica del sistema autonómico acabó devaluando, hasta llegar al momento en que una autonomía uniprovincial e inventada, como es Madrid, está generando un modelo más realista de descentralización, que ya no depende de los títulos, sino de verdaderos poderes. Por eso creo que, si hubiésemos aprendido algo, deberíamos dedicar este año a reflexionar sobre lo sucedido. Aunque, tal como lo estamos enfocando, es evidente que no lo vamos a hacer.