Abierta aún la investidura del presidente de la Generalitat, todo indica que el acuerdo que probablemente cierren ERC, la CUP y JxCat incluirá, entre sus puntos esenciales, la celebración de un referendo de autodeterminación, que sería, por supuesto, tan inconstitucional como las consultas precedentes, aun en el caso poco probable, pero no imposible, de que contase con la eventual autorización del Gobierno que preside Pedro Sánchez.

 En España, convertida ya en el reino de la confusión en tantas esferas de la vida nacional, la cuestión del referendo divide a la población en tres fracciones: los independentistas, partidarios de la consulta; los defensores de la unidad nacional, opuestos al referendo; y un curioso tertium genus que combina atrabiliariamente las dos posiciones anteriores: los que, contrarios a la secesión de Cataluña, son partidarios de consultar a los catalanes, y solo a los catalanes, aunque el asunto afecte al conjunto del país, para que decidan sobre la separación.

Esta pintoresca posición (referendo sí, secesión no), que es la de Podemos, -cuyos líderes, lastrados por la ausencia de una buena teoría, no acaban de entender en qué consiste la democracia de verdad- parte de dos errores garrafales: el primero, prueba de una total ignorancia, consiste en afirmar que todos los pueblos del planeta (y entre ellos, las supuestas naciones sin Estado existentes en España) tienen derecho a la autodeterminación; el segundo, que una vez celebrado el referendo, aunque su resultado fuera contrario a la secesión (como, según parece, ellos desean) la reivindicación separatista desaparecía ante la presunta decisión democrática del pueblo.

El primer error es morrocotudo: en España, como en Alemania, Austria o Canadá (todos Estados federales) no hay más pueblo constitucionalmente reconocido que el nacional: en nuestro caso, el español. Por lo demás, todas las resoluciones de la ONU respecto de la autodeterminación (1.514, 1.541, 1.654 y 2.625) exigen una situación de dominio colonial o de falta de democracia, lo que nada tiene que ver con la existente en Cataluña y en España.

El segundo error podría ser fruto de la ingenuidad si no lo fuera de una manifiesta mala fe: en todos los Estados democráticos en que han tenido lugar referendos, su celebración no ha resuelto el contencioso. En Canadá hubo uno en 1980 (59,6 % no a la secesión y 40,4 % sí), que se repitió en 1995 (50,6 % no y 49,4 % sí) y que no se celebró una tercera vez, como pretendían los separatistas, porque fueron derrotados en las urnas. En Escocia hubo uno en el 2014 (53,3 % no y 44,7 % sí) y los independentistas ya preparan otro para el 2023, que no cuenta con la autorización del Gobierno de Boris Johnson.

La enseñanza de ambas experiencias es meridianamente clara: los referendos de autodeterminación no aplacan la reivindicación secesionista sino que la estimulan, y solo cierran el problema cuando su resultado es favorable a la separación. Después -entonces sí- ya no vuelven jamás a repetirse.

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Cataluña, Escocia, Quebec: una lección