El ser humano, por naturaleza, tiende a compararse continuamente con los demás. Los expertos dicen que eso no es bueno, que puede generar frustración, y que es mejor competir con nosotros mismos y retarnos a superarnos cada día. Creo que esta realidad y recomendación es también aplicable en materia de fiscalidad, máxime en un conglomerado como el que conforman diecisiete sistemas tributarios diferentes. Para ayudar en esta tarea, el Consejo General de Economistas acaba de presentar un año más, y ya van veinte, su Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2021.
Ponemos así a disposición de la sociedad un análisis del desarrollo normativo que cada comunidad autónoma ha hecho de los tributos cedidos y propios, tratando de ofrecer algo de claridad en una selva de exceso regulatorio en la que ya se contabilizan más de ochocientas disposiciones diferentes. Constituye, sin duda, una guía imprescindible para que los contribuyentes puedan conocer y cumplir con sus obligaciones fiscales en los diferentes territorios.
Lógicamente, ante un estudio como este lo primero que toca es ver dónde se posiciona Galicia. Aunque la casuística y disparidad es muy amplia, y nunca llueve a gusto de todos, podemos concluir que nuestra comunidad se sitúa entre las que cuentan con una fiscalidad más favorable para los ciudadanos, de forma especial en los tributos que afectan a un mayor número de ellos. En este sentido, cabe destacar la baja tributación por IRPF en términos de renta bruta disponible -dos puntos por debajo de la media nacional- y la nula tributación por el impuesto sobre sucesiones para la mayoría de los supuestos de transmisión de padres a hijos.
Obviamente, siempre se puede ir más allá, aunque también hemos de ser conscientes de que la tributación supone unos ingresos que deben ser puestos en correlación con el nivel y calidad de los servicios prestados por la Administración autonómica, más necesarios que nunca en el momento en el que estamos. En todo caso, sí echamos en falta un mejor tratamiento de determinados hechos imponibles para favorecer el desarrollo de las actividades económicas. En este sentido, dos propuestas: repensemos la tributación de la empresa familiar, tanto en relación con su pervivencia como con su transmisión, en ella está buena parte de nuestro futuro económico; y en relación con el impuesto sobre el patrimonio, mientras no se elimine -sí, así de claro-, busquemos fórmulas que discriminen positivamente los patrimonios que generan riqueza en Galicia.
No obstante, en correspondencia con el título de este artículo -en la acepción originaria del refrán, donde la arena era la parte menos buena-, hay que poner de manifiesto, una vez más, que ese buen hacer en materia regulatoria de los tributos no siempre tiene reflejo en su gestión. Galicia sigue liderando, con diferencia, el ránking de reclamaciones ante los tribunales económico administrativos. En términos comparativos, en impuestos como el de sucesiones multiplican por cuatro nuestro peso relativo en PIB o población, y lo que es aún más grave, en el 80 % le dan la razón al contribuyente, es decir, la Administración tributaria no ha hecho bien su trabajo. Seguro que una parte de esas diferencias tiene que ver con la singularidad gallega, con un minifundismo que genera multitud de hechos gravables, pero debe hacerse un análisis en profundidad de esa realidad diferencial y tomar medidas. Como siempre, los economistas gallegos nos ofrecemos para, entre todos y en la medida de lo posible, quitar esas arenas de los zapatos de los contribuyentes.