He vivido el Día Internacional de la Mujer cercado por un montón de confusiones. Por señalar las más visibles, no alcanzo a entender por qué en la comunidad autónoma de Madrid se suspendieron las marchas y concentraciones, la justicia ordinaria respaldó la decisión, el Tribunal Constitucional mantuvo la suspensión y en el resto de España se pudieron celebrar sin que ningún delegado del gobierno central las haya prohibido. Una vez más nos encontramos con dos realidades de España fruto de la misma legislación, pero dependientes del estado de ánimo o los miedos de la autoridad política o judicial. En Madrid esos miedos —que fueron alarmas por los contagios por la triste memoria del 8 de marzo de 2020— son muy superiores al resto de las provincias y comunidades autónomas.
Tampoco alcanzo a entender por qué la suspensión de manifestaciones es para una parte del feminismo una especie de criminalización —esa fue la palabra utilizada por la ministra de Igualdad— de la mujer, cuando esa decisión, sin duda, se basa en muy serias razones de salud pública. Da la impresión de que al feminismo más beligerante solo le importa el éxito de público o necesita demostrar que tiene muchas militantes y activistas, como si en el mundo actual pudiera haber alguien que no sea feminista, en el noble sentido de reclamar y defender los derechos y libertades de la mujer.
Y finalmente no entiendo cómo esa defensa de derechos y libertades crea tanta división política. Por lo que hemos podido ver y escuchar durante los últimos días, hay un feminismo sano que lucha, palabra de Pedro Sánchez, contra el conservadurismo reaccionario. Hay otro que divide al mismísimo Gobierno de coalición, con encontronazos y efectos legales en toda la legislación concebida en el ministerio de Irene Montero y paralizada en la vicepresidencia de Carmen Calvo. Hay el de juristas, juezas y jueces incluidos, que descalifican a la señora Montero, dejando la duda de cuál es el motivo de su aversión: su militancia en Podemos o su desconocimiento, demostrado en su adanismo al ignorar que el consentimiento existe en el Código Penal, pero no apareció hasta que ella lo propuso. Y hay todas las subdivisiones que crean lideresas sectoriales. Para este cronista, el mayor problema es que hay un exceso de feminismo que basa su existencia en las cuestiones sexuales, cuando las auténticas dificultades de la mujer son de brecha salarial, de promoción profesional, de conciliación, de poder ser madre y trabajadora, de igualdad de oportunidades y de igualdad efectiva. Yo echo en falta un catálogo de esas dificultades. Pero debe ser que eso no toca este año. Este año toca lo que ordenó Irene Montero: el «sí es sí» y el fenómeno trans. Serios asuntos, pero no parecen los únicos para justificar la existencia de todo un Ministerio de Igualdad.