Esta crisis ha tenido un impacto aún mayor para los sectores como el comercio y la hostelería que requieren mayor movilidad y un contacto estrecho entre las personas. En términos de EPA, la hostelería y el comercio perdieron respectivamente el 23 % y el 4 % de su ocupación. Por su parte, la contabilidad nacional avanzó que la caída conjunta de la rama de transporte, comercio y hostelería ha sido la mayor de todas de un 24 %, cifra que más que duplica la contracción del 11 % del conjunto de la economía.
La hostelería y el comercio han acudido más que otros sectores a las ayudas aprobadas hasta ahora por el Gobierno, que han supuesto el 28 % de los avales ICO y el 46 % del total de personas acogidas a ERTE a finales de año. El apoyo aprobado estaba diseñado para solventar una situación transitoria y coyuntural, pero son insuficientes, ante la crisis estructural derivada del impacto acumulativo de las pérdidas. El año pasado desaparecieron más de 15.000 empresas de hostelería y 18.000 empresas de comercio.
Es obligado recuperar un marco de incentivos adecuado que favorezca el flujo de nuevas iniciativas empresariales, que reemplace a las que se han perdido. Además, nos tenemos que plantear medidas de apoyo extraordinarias adicionales que apuntalen la solvencia del sector como vía para reducir la desaparición de empresas. Es necesario dar un mayor peso a los instrumentos de recapitalización, reestructuración y a las subvenciones directas, a semejanza de lo realizado en otros países.
Debe instrumentarse mecanismos de apoyo fiscal como, por ejemplo, la devolución de impuestos ingresados en el pasado que fueran compensables con las pérdidas de este año. De igual modo, no se justifica que se cobren impuestos locales como el IBI o el IAE sin reducciones, cuando están en pérdidas y ha habido restricciones de actividad, o que en los pasados PGE se incrementase el IVA sobre las bebidas y por lo tanto sobre la hostelería en módulos o estimación objetiva.
Es imprescindible restablecer los mecanismos de la regulación inteligente que provean de flexibilidad, adaptabilidad y seguridad jurídica a las actividades que prestan este tipo de servicios. No tiene sentido que muchos establecimientos no hayan podido abrir sus terrazas o que una vez que están cumpliendo la normativa sanitaria se limiten las horas de apertura, sin ser compensados por ello. A este respecto, la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha puesto de manifiesto que no siempre se justifica el cierre de la hostelería para sustituir medidas específicas de gestión sanitaria.