Cuando la política de un país se basa en el veto de unos partidos a otros, lo más probable es que acabe en conflicto. Desde luego, crea divisiones fratricidas y hace inviable la existencia de un proyecto de nación y de estado de aceptación general.
En España llevamos unos cuantos ejercicios de veto. El más sonado fue el Pacto del Tinell, año 2003, cuando todos los partidos catalanes acordaron no tener ni conversaciones con el PP. En ese momento se hizo popular la expresión «cordón sanitario». Tres años más tarde, Artur Mas tuvo la ocurrencia de acudir al notario a certificar que Convergència i Unió no se apoyaría en el Partido Popular para formar gobierno. Después se hizo célebre el «no es no» de Pedro Sánchez a Rajoy y resultó lamentable el no es no entre el mismo Sánchez y Albert Rivera. En la última negociación de los Presupuestos han sido memorables los esfuerzos y las palabras de Pablo Iglesias y de Gabriel Rufián para echar a Ciudadanos a codazos de la mesa de negociación. Y ahora los independentistas catalanes acaban de poner por escrito que no pactarán con el PSC.
Estos fueron los hitos de los cordones sanitarios explícitos, pero se puede afirmar que los vetos estuvieron siempre presentes en la política española desde el Pacto del Tinell. Una vez agotado el entusiasmo constituyente, amarillentas las fotos de unidad y gastado el concepto de consenso, todo eso fue sustituido por una abrupta lucha por el poder y un alineamiento por bloques ideológicos. En el conjunto de España, con clara ventaja del bloque de izquierda, cuya argamasa es el poder y el gobierno de la nación, mientras que el bloque conservador funciona en el ámbito local y autonómico, pero está a muerte en el nacional.
Pero lo que importa hoy, a dos días de las elecciones autonómicas, es Cataluña y allí la división es otra: a un lado, todos los independentistas, que se llevan a matar y están enfrentados por algo más que diferencias de criterio, pero, ay, les une el ideal soberanista; al otro, los constitucionalistas, sin posibilidad de entendimiento entre el PSC y los partidos de centro y derecha. Al funcionar unido el bloque secesionista, al que las encuestas atribuyen la mayoría parlamentaria absoluta, y constituirse en muralla contra los socialistas, se puede asegurar que Salvador Illa, el enviado de Sánchez, nunca gobernará. Aunque tuviera mayoría suficiente con los pequeños partidos españolistas, nadie imagina una alianza entre el Partido Socialista y el Partido Popular, y no digamos Vox. Por ese motivo los aliados separatistas empiezan a hablar de Illa como Inés Arrimadas 2. Esta es la realidad cuando está a punto de terminar la campaña electoral. Solo la puede cambiar este domingo un milagro en las urnas. Y en política no suele haber milagros. Al revés, se suele cumplir la ley de Murphy: todo lo que puede empeorar, va a empeorar.