Hace un año, coincidiendo con mi primera comparecencia en el Congreso de los Diputados como ministro, identifiqué la necesidad de dar certidumbre a los pensionistas como una de mis prioridades fundamentales. Por ello, pedí a los grupos parlamentarios que hicieran un esfuerzo por renovar el consenso en el Pacto de Toledo, algo que culminó en noviembre con la aprobación por el pleno de las nuevas recomendaciones con solo dos votos en contra. Como ocurrió tras el primer pacto, de 1995, era necesario que los ciudadanos vieran cómo todos éramos capaces de ponernos de acuerdo en un tema capital como este. El consenso es el arma más poderosa para dar certidumbre.
Desde que el Pacto de Toledo renovó sus recomendaciones, mi principal objetivo ha sido comenzar a desplegarlas. Son tantas y de tan amplio alcance que hemos elaborado un calendario para abordarlas paulatinamente, primero en el diálogo social y, posteriormente, con propuestas concretas en el Parlamento. De momento hemos cerrado cuestiones muy relevantes, como el traspaso de 14.000 millones de euros de gastos no contributivos que abona la Seguridad Social cada año. Esta asunción por parte del presupuesto del Estado de gastos no contributivos es fundamental para visibilizar el estado de las cuentas de la Seguridad Social y dar certidumbre a los ciudadanos al corregir un déficit del sistema de pensiones que sencillamente no era real.
El trabajo en el diálogo social también empieza a dar sus frutos: hace unos días aprobamos en Consejo de Ministros el nuevo complemento para reducir la brecha de género, consensuado con los agentes sociales. Este complemento estará en vigor hasta que la brecha de género en pensiones baje del 5 %, y mejora el alcance del anterior complemento por maternidad, ya que se percibe desde el primer hijo -que es el momento en el que se genera la brecha- y también pueden percibirlo los hombres si acreditan que son ellos los que sufren un perjuicio profesional tras la paternidad.
En las próximas semanas esperamos poder remitir al Parlamento nuevas propuestas concretas sobre dos de los temas centrales que nos encomendó el Pacto de Toledo: la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, para lo que estamos desarrollando con los agentes sociales una fórmula sencilla y transparente que permita a los beneficiarios saber de antemano cómo evolucionará su renta, y también medidas para acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal. Sabemos que hay personas que extenderían voluntariamente su vida laboral y que no lo hacen, bien porque desconocen la existencia de incentivos, bien porque en sus propios convenios les obligan a jubilarse.
Cuando cerremos esas cuestiones, abordaremos un segundo bloque de propuestas como la cotización de autónomos por ingresos reales, el fondo de pensiones colectivo de promoción pública, la adaptación de las bases de cotización a la realidad del mercado laboral o el análisis de la adecuación de bases máximas.
Son unos meses de intenso trabajo los que tenemos por delante para trasladar las recomendaciones del Pacto de Toledo al BOE y esperamos hacerlo con el mismo consenso que se obtuvo este otoño en el Parlamento. La mejor noticia para todos sería que cuando empiece 2022 nos hayamos puesto de acuerdo para sentar las bases de unas pensiones suficientes, garantizando el poder adquisitivo, dentro de un sistema equitativo, moderno y sostenible. El consenso del Pacto de Toledo nos marca el camino para llegar a ese objetivo.