Cuando leo noticias sobre que algún rico se ha marchado de España por motivos fiscales, inmediatamente me acuerdo de la generación de mis abuelos, que sufrieron en sus carnes la dura emigración tan bien descrita por Rosalía de Castro en su inmortal poema Adeus ríos, adeus fontes. Ella jamás entendería que un paisano nuestro dejara nuestra Galicia voluntariamente, y aún encima después de haberse enriquecido.
Antes de nada es importante precisar que el cambio de residencia es una opción totalmente legal que puede tomar cualquier contribuyente rico o no, siempre que no se trate de un traslado simulado, en cuyo caso se las verá con Hacienda. Centrándonos en los que se van de verdad, son personas que hasta su partida han disfrutado de servicios públicos pagados con impuestos, y que han disfrutado en mayor o menor medida de prestaciones como la sanidad, educación, infraestructuras y ayudas públicas, por lo que parece reprochable desde el punto de vista de la moral tributaria que, tras haberse enriquecido en España, no devuelvan a la sociedad una parte de lo que ganen, por mera corresponsabilidad. Y ojo, podrán quejarse de que se malgaste el dinero, de la corrupción, del fraude fiscal, o de que paguen más de lo que reciben, pero eso no justifica que se marchen para no pagar, y más en estos momentos, con las enormes necesidades de dinero público que tenemos para hacer frente a la pandemia. La fuga de los contribuyentes más ricos, además de poner en peligro la sostenibilidad del sistema, daña la conciencia fiscal colectiva, especialmente por tratarse en muchos casos de personas muy famosas, como deportistas, cantantes o influencers… y pueden hacer calar el mensaje de que no hay que pagar impuestos o que los impuestos que se pagan en España son abusivos. Además, el peligro es mayor en las personas más jóvenes que están madurando su conciencia fiscal.
El dinero de los impuestos no es un regalo que hacen los contribuyentes por bondad, sino una obligación constitucional y un deber cívico. Y acatar la Constitución es respetar todo lo que se declara en ella, incluido el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos con los impuestos. Cuentan por ahí que hace unos años un conocido rico gallego estudió la posibilidad de trasladar su residencia a Madrid para pagar menos impuestos. Cuando supo que tenía que irse a vivir allí realmente, dijo: «De qué me vale ser rico si no puedo vivir donde quiero». ¡Y se quedó! ¡Chapeau!