La opa lanzada por el fondo de pensiones australiano IFM sobre el 22 % del capital de Naturgy amenaza con convertirse en un nuevo campo de batalla político entre las distintas facciones del Gobierno español. Desde marzo del 2020 el Ejecutivo tiene que autorizar cualquier inversión extranjera de más de 500 millones de euros y/o cuya materialización implique una toma de control de una empresa española de sectores estratégicos. Entre los que se encuentra el energético. Desde los puntos de vista empresarial y financiero está claro que es una operación interesante. Desde una visión puramente empresarial es positiva la entrada de un socio que aporta grandes relaciones a nivel internacional. La oferta respalda al equipo gestor y al consejo de administración. Es una inversión de largo plazo, y aporta estabilidad. Y no involucra acciones suficientes para una toma de control, su motivación es obtener rentabilidad.
Desde el punto de vista financiero se da una ventana de liquidez a los accionistas de una empresa relativamente ilíquida, especialmente para los grandes tenedores de acciones. Es tan solo una cuestión de precio, el 42,26 % de los accionistas ya han rechazado la oferta. La principal incertidumbre viene desde España y la perspectiva ideológica del Gobierno para decidir si la autoriza. Los socios políticos que sustentan el actual Gobierno están en contra de concederla. Su intención es nacionalizar empresas, no permitir nuevos accionistas extranjeros, especialmente en el sector energético. Pese a que es una operación privada económicamente beneficiosa, que no pretende la tomar el control de la compañía.
Denegar la autorización a una operación impecable desde el punto de vista regulatorio, y sensata desde el económico, transmitiría un mensaje muy negativo a los inversores internacionales. Y los necesitamos para conseguir la recuperación de nuestra economía.