El empeño del PSOE y el PSC en algo insostenible -que el ministro de Sanidad siga siéndolo hasta el inicio de la campaña en Cataluña- ha dado en un fiasco formidable, mucho peor del que Illa y los socialistas pudieron llegar a imaginar.
El ministro -cuyo tirón como cabeza de cartel es incomprensible vistos los desastrosos resultados de su gestión contra el coronavirus- debió dimitir el mismo día que anunció su candidatura. Y ello no tanto por la dificultad de compatibilizar el cargo al que aspira y el que ejerce, pues la verdad es que la increíble inhibición del Gobierno en la lucha contra el covid desde que en octubre aprobó un nuevo estado de alarma debe dejar a Illa sobrado de tiempo libre. Si se siguen las intervenciones del ministro y las de su acólito Simón, la labor de ambos consiste desde hace meses en comentar las estadísticas sobre el avance de la epidemia y en insistir en que todos nos comportemos como buenos ciudadanos, cosas ambas que no deben exigir un gran esfuerzo.
No, el motivo fundamental para la renuncia de Illa reside en el hecho obvio de que el mismo día en que se convirtió en candidato pasó a ser legítima la sospecha de que su actuación como ministro iba a quedar mediatizada por sus intereses electorales en Cataluña. Algunos, poco avisados, podrían argumentar que también los miembros del Gobierno y los de los ejecutivos regionales siguen en funciones durante el período electoral, pero ello es inevitable, pues alguien debe gobernar hasta que un nuevo ejecutivo es elegido.
El debate sobre el aplazamiento de las elecciones catalanas y su resolución final (el traslado al 30 de mayo) han demostrado que quienes exigían la renuncia de Illa (todos los partidos, salvo el suyo) tenían plenamente la razón. Y es que el PSC ha sido el único partido que, contra la evidencia de que la celebración de las elecciones el 14 de febrero coincidiría con el pico de contagios de esta tercera ola brutal y fuera de control, ha insistido en que la fecha de los comicios debería mantenerse y luego, ya en medio de un ridículo espantoso, que debería retrasarse solo un mes. El hecho de que sea obvio que todos los partidos tienen en el asunto de las fechas su interés particular no impide afirmar que el del PSC era sanitariamente disparatado y el de los demás coincidía con la necesidad de evitar la extensión de la pandemia.
Y así, quien como ministro de Sanidad nos exhorta constantemente a quedarnos en casa para evitar los contagios defendía, porque ahora le convenía, que en 11 horas de un día se movilizasen al mismo tiempo varios millones de personas. Y así, quien como ministro de Justicia no vio inconveniente legal alguno en el aplazamiento de las elecciones gallegas y vascas, pone ahora, en apoyo de su correligionario, tachas de legalidad al aplazamiento en Cataluña, lo que sería de traca si no demostrase hasta qué punto este Gobierno -el de la supuesta regeneración democrática- utiliza la ley, en este como en otros muchos casos, a su pura conveniencia.