Al hablar de Gibraltar es necesario dejar claro, aunque sea obvio, que está incluido en la lista de Naciones Unidas de territorios pendientes de descolonización. Por lo tanto, España no puede ni debe renunciar a la soberanía que le corresponde. Dicho esto, en la realpolitik la hipótesis de la devolución no se contempla. En este contexto, el «principio de acuerdo» entre España y el Reino Unido alcanzado in extremis el último día del 2020 ofrece una solución práctica a los gravísimos problemas que habría creado la aplicación de un brexit duro. Sustancialmente, supone que la Verja que separa Gibraltar de La Línea dejará de existir en seis meses, si el pacto se materializa oficialmente, ya que tendrá que ser negociado y aprobado por el Reino Unido y la UE, teniendo en cuenta que España tiene derecho de veto sobre las decisiones que se tomen. El Peñón se unirá así al espacio Schengen de libre circulación de personas. El acuerdo ha sido muy bien recibido por los gibraltareños y la población andaluza próxima. Sin embargo, está muy lejos de equivaler a una cosoberanía británico-española y plantea algunas incógnitas inquietantes. En primer lugar, el control portuario y aeroportuario quedará en manos de la agencia europea Frontex, no del Gobierno español, que, eso sí, será responsable del mismo. Queda por saber si tendrá capacidad ejecutiva para garantizar su cumplimiento. No es el único cabo suelto. ¿Gibraltar seguirá gozando de un régimen fiscal de clara competencia desleal derivado de sus regímenes tributarios propios, tanto para empresas como para individuos particulares? Aunque técnicamente no sea un paraíso fiscal, en ciertos aspectos actúa como tal. Hace unos meses se aprobó un tratado fiscal con el Reino Unido para «la reducción y eliminación del fraude fiscal y los efectos perjudiciales para la hacienda española», pero aún está por desarrollar. Otro gran problema sin resolver es el contrabando de tabaco, que causa grandes pérdidas al fisco español. Estos y otros temas, como las cuestiones medioambientales o la cooperación policial, son objeto de negociación a partir de los memorandos bilaterales firmados. Pero faltan por concretar. La clave es si este acuerdo, vendido por el Gobierno como histórico y que representa un avance para los ciudadanos de ambas partes de la Verja, supone una renuncia tácita a la soberanía en un momento en el que el brexit brindaba una oportunidad histórica para reclamarla y si se han hecho demasiadas concesiones a la colonia.