Las democracias de masas no pueden funcionar sin lo que a principios del siglo XIX el poeta y filósofo británico Samuel Coleridge denominó, en un contexto que nada tenía que ver con la política, la «suspensión de la incredulidad». En efecto, para que el régimen representativo sea creíble a los ojos de quienes deben mantenerlo con su apoyo, el pueblo debe suspender voluntariamente su incredulidad y confiar en un conjunto de principios de entre los que uno destaca sobre todos los demás: que aquellos a quienes entregamos la dirección del país se guían por los intereses generales, algo que, en no pocas ocasiones, exige unas inmensas dosis de buena fe y credulidad.
Hace un par de días, la vicepresidenta Carmen Calvo aportaba su grano de arena a la incesante campaña con la que el Gobierno pretende convencernos de lo que rechaza el sentido de la justicia más elemental: que sería razonable no solo indultar a los presos del procés sino hacerlo incluso contra el criterio de la Fiscalía del Tribunal Supremo y, si fuera el caso, del propio tribunal sentenciador.
Los argumentos de la señora Calvo no solo son inciertos cuando afirma que todos los gobiernos desde 1977 han hecho lo mismo, pues ninguno ha tenido que enfrentarse a una petición de indulto de tal naturaleza, sino que eluden la cuestión esencial planteada en el informe de la Fiscalía: que, dada la extrema gravedad de los delitos cometidos y las penas impuestas, y la notoria falta de arrepentimiento de los condenados, el perdón solo podría explicarse por otro tipo de razones. La Fiscalía subraya, así, que el indulto no está previsto «para satisfacer intereses políticos coyunturales» y añade que su carácter discrecional «no legitima la arbitrariedad, ni la desviación de poder, ni el alejamiento de la legalidad», lo que es fundamental, pues la normativa vigente exige que en el expediente de indulto se hagan constar «las pruebas o indicios de arrepentimiento que se hubiesen observado».
Es verdad, claro, que la nula capacidad de la vicepresidenta para argumentar la causa que defiende la acerca, sin embargo, a Concepción Arenal si comparamos sus palabras con las de la diputada socialista Pilar Cancela, quien, ¡incapaz de distinguir entre el Gobierno y el Estado!, ha proclamado que las vacunas contra la covid las paga el primero («Sí, sí, el de Sánchez Castejón»), dando a entender que los españoles deberíamos estar agradecidos por ello. ¡Verdaderamente inenarrable!
Aunque se entiende que el inmenso poder de Sánchez en el PSOE convierte a todos los altos cargos (ministros y diputados incluidos) en interinos sin más capital que su disposición a defender ciegamente a un presidente que se ha fijado como gran objetivo seguir en el cargo a cualquier precio, así es imposible que los ciudadanos suspendan voluntariamente su incredulidad en la política. Salvo, claro, que las señoras Calvo y Cancela hayan llegado a convencerse de que los españoles somos tontos de remate. Lo que, visto lo visto, no hay que descartar.