En el momento de redactar el Título II de la Constitución Española, algunos expertos y políticos trajeron a colación la expresión «república coronada», que ya se había utilizado en el reinado de Amadeo de Saboya -llamado el Rey electo- (1870-1873). La buena intención de todos ellos era crear una monarquía sintética que fuese capaz de fusionar dos legitimidades incompatibles: la que apelaba a la tradición monárquica española, que estaba severamente dañada por la restauración franquista en la persona del Rey electo Juan Carlos I; y la que aspiraba a eludir ese momento histórico, apostando por una nueva restauración, en la persona del mismo Juan Carlos I, cuya legitimidad debía integrar el pack constitucional -democracia, monarquía, amnistía y autonomía- que culminó la Transición.
Pero el resultado no fue una nueva monarquía, sino un arreglo monárquico vinculado a tres compromisos, escasamente definidos, que debían funcionar con absoluta perfección. El primero era elevar a nivel de récord del mundo el principio de que, en toda monarquía parlamentaria, «el rey reina, pero no gobierna». El segundo consistía en que, en vez de definir con detalle los protocolos y oficios de la casa real, y los momentos en que debería concretarse la idea de que «el rey es el jefe del Estado, simboliza su unidad, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, y asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales» (Art. 56, 1 de la Constitución), se optó por mantener una improvisación buenista, que, unida a la campechanía del rey electo, debía evitarnos muchos protocolos y ceremoniales que ya en 1978 sonaban a rancios, costosos, carentes de autenticidad y muy artificiosos. Y el tercero era que la imagen del rey electo -a la que acababa de añadirse la complicada condición de rey florero- debía ganarse el sueldo en el terreno de la imagen pública -que los medios de comunicación favorecieron de forma acrítica e irresponsable-, y someterse a un plebiscito permanente al estilo de las monarquías meritocráticas.
Demasiadas combinaciones y sorites para una institución que ahora hace aguas por todas partes. Porque, si bien es cierto que la abdicación de Juan Carlos I supuso un alivio de las tensiones que asomaron tras la cacería de Botswana, también es verdad que el carácter de monarquía florero se acentuó desde entonces, hasta convertirse en el problema que más asfixia a la institución. Así lo testimonia el extemporáneo y plano mensaje de Navidad de Felipe VI, que, compuesto de tópicos de segundo nivel, se vio agravado por la expectación levantada por los que, queriendo resaltar su función institucional, le tendieron la trampa de una frustración inevitable, derivada de la irrelevancia de los contenidos -puro déjà vu-, y de las fórmulas elegidas para esta rancia comparecencia, que, a mi juicio, debería suprimirse. Porque la monarquía sigue dando tumbos, y, por el camino que vamos, no va a ganar prestigio ni nivel institucional.