Los expertos valoran que el acuerdo reduzca el daño del «brexit» a sectores como el pesquero o el del automóvil, pero alertan de que queda a expensas de la necesaria ratificación por todos los parlamentos de la UE
Tras muchos meses de negociaciones, la Unión Europea y el Reino Unido han llegado a un acuerdo comercial para su relación económica tras el brexit. El tratado permitirá aliviar las consecuencias negativas que la salida de los británicos tendrá para muchos sectores, pero a la vez abre un nuevo frente de incertidumbre, y es que no tendrá validez si no es ratificado por los parlamentos nacionales de todos los países implicados. A partir del 1 de enero y en medio de las restricciones y controles derivados de la pandemia, la situación puede ser caótica.
La ruptura consumada pero incierta
El acuerdo alcanzado in extremis durante la mañana del 24 de diciembre, aunque alivia la tensión de los últimos días no resuelve el problema de fondo, a saber: la incertidumbre sobre la ruptura entre la UE y el Reino Unido. De momento sabemos que el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales de todos los países afectados no lo habrán ratificado para el 1 de enero de 2021.
La fórmula propuesta de aplicarlo durante un período transitorio hasta febrero del 2021 para que permita la ratificación es de dudosa legalidad y legitimidad. Tal vez sea una fórmula razonable para acuerdos que se renuevan o de escasa trascendencia, pero resulta jurídicamente cuestionable y políticamente insensato aplicar esta fórmula para un acuerdo de este calibre.
¿Qué ocurriría si finalmente uno o varios países, empezando por el Reino Unido, no lo ratifican? ¿Hasta qué punto la aplicación transitoria supone una injustificada presión política y jurídica sobre los parlamentos para una ratificación incondicional? Son cuestiones que los negociadores han ocultado pero que los ciudadanos tenemos derecho legítimamente a plantearnos.
De momento, a partir de enero, las fronteras entre la UE y el Reino Unido, incluidos los espacios aéreo y marítimo, se convertirán en unas zonas de estricto control del tráfico de personas y de mercancías, regidos por las normas que se mantienen con terceros países sin tratado de ningún tipo. Semejante situación, aunque sea transitoria, perpetuará una situación caótica en las zonas fronterizas que ya existe debido a la pandemia. Situación que se agravará por un desabastecimiento temporal de ciertos productos y servicios de los que el Reino Unido es fuertemente dependiente de la UE.
El Gobierno británico, a pesar de sus apelaciones a la soberanía recuperada, se verá superado por los efectos económicos y sanitarios provocados por la suma del brexit y la pandemia
En nuestro país, el impacto económico de la ruptura afectará a sectores tan importantes como los de alimentación, automoción, turismo y hostelería, pesca o transporte aéreo, cuyas exportaciones en la primera mitad del 2020 alcanzaron más de 7.700 millones de euros. Ello vendría a sumarse a la ya catastrófica realidad económica española derivada de la pésima gestión de la pandemia, apuntando un horizonte aún más recesivo que el actual, amenazando con arruinar los Presupuestos para el 2021, recién aprobados.
Una incierta situación que no sabemos si el Gobierno y las autoridades europeas han previsto en todo su alcance, pero que complicará la recuperación económica de la pandemia, a pesar de las vacunas.
La verdadera ventaja de un acuerdo de «brexit»
El próximo viernes el Reino Unido, que políticamente ya estaba fuera de la Unión Europea, saldrá también económicamente. Los efectos del brexit se mostrarán por primera vez en toda su extensión.
El acuerdo anunciado el jueves 24 es una buena noticia, porque mantiene un mínimo nivel de integración comercial. La cesiones parecen razonables, incluso en materia de pesca: la alternativa no era el statu quo, sino la pérdida total del acceso tanto a los caladeros como al mercado británico. Pero no conviene engañarse: es un brexit duro, muy lejos de las ventajas de la pertenencia al mercado único en materia de servicios y libre circulación de personas.
El azar ha querido que una mutación del virus nos anticipe los atascos que le esperan al flujo bilateral de mercancías en Dover. Desde ahora, los bienes van a tener que detenerse en frontera para comprobar su origen y, en algunos casos, someterse a inspección. El acuerdo evita los aranceles, pero no la burocracia, muy perjudicial para el sector agroalimentario o el del automóvil, cuya rentabilidad está condicionada a los tiempos de entrega.
Los problemas en el sector de servicios serán serios y no se resolverán con este acuerdo básico. Los transportistas solo podrán hacer trayectos directos entre el Reino Unido y un punto de la UE, sin paradas intermedias. Si la Comisión considera que la estructura de propiedad y control de IAG no garantiza el carácter europeo de Iberia, ésta perderá la posibilidad de realizar trayectos europeos o españoles. Muchas empresas de servicios profesionales verán reducidas sus posibilidades de negocio por problemas de visados y de reconocimiento de títulos. Las entidades financieras y de seguros no podrán prestar servicios directamente, sino solo a través de costosas filiales. El turismo británico empeorará su acceso al mercado español en términos de duración máxima de visados, fiscalidad, seguros, costes y frecuencia de transporte aéreo y hasta precios del roaming telefónico.
En una Europa plenamente integrada a nivel productivo y con importantes flujos de servicios y capitales, la verdadera ventaja de este acuerdo no es solo que reduce el daño a sectores cruciales como el agrícola, el pesquero o el del automóvil, sino también que mantiene abierto un canal de negociación y un espíritu de cooperación para seguir profundizando en la relación bilateral. El acuerdo rebaja el caos, pero no es más que el principio de un largo y tortuoso camino que, en medio de una grave crisis económica, necesitará del pragmatismo y sentido común que solía ser tan característico de los británicos.
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