El día en que se selló el Pacto de Toledo, ratificado por el Congreso por amplísima mayoría, nos las prometíamos felices. Los partidos políticos, con el único desmarque de Vox, habían dado con la piedra filosofal. Se acordaba la revalorización automática de las pensiones según el coste de la vida, se eliminaba el déficit de la Seguridad Social y se garantizaba la sostenibilidad del sistema. Y tanta dicha a cambio de un módico peaje: penalizar las jubilaciones anticipadas y acercar la edad real de retiro a la edad legal. El trabajador cotizaría unos años más y cobraría su pensión durante unos años menos: más ingresos y menos gastos. El sacrificio, si fuese suficiente para garantizar las pensiones del futuro, bien merecía la pena.
La alegría solo dura en casa del pobre hasta que le cae encima el jarro de agua fría. Esta vez en forma de proyecto que ultima el ministro Escrivá: las pensiones del futuro, las de la generación del baby boom, bajarán un 5,5 % en promedio. Para fijar su importe inicial se computarán los 35 últimos años cotizados en vez de 25. Algunos pocos, aquellos que ganaban más al principio que al final de su vida laboral, saldrán beneficiados. Pero eso solo indica, para que salga la media, que el recorte será superior al 5,5 % para la mayoría.
El mecanismo que se pretende utilizar para rebajar la presión del gasto no es nuevo. Lejos queda aquel feliz 1985 en que solo se tomaban los dos últimos años de salario como base de cálculo. La reforma de Zapatero estableció un incremento paulatino de la base para hacerla más digerible: 15 años en el 2012, 25 años en el 2022. Después de esa fecha llegarán, de aprobarse, las rebajas Escrivá. Prescritas, por tanto, para los trabajadores que hoy tienen menos de 55 años.
El proyecto de reforma significa una enmienda al Pacto de Toledo. El Gobierno le está diciendo a los abajo firmantes, incluidos PSOE y Unidas Podemos, que sus recomendaciones son razonables y útiles, pero insuficientes para garantizar las pensiones del futuro. Liberar a la Seguridad Social de la losa de los «gastos impropios» supone ordenar y clarificar las cuentas, hacer que cada palo administrativo aguante su vela, pero el efecto financiero es nulo: el déficit se traslada de lugar, pero no desaparece. Prohibir o desincentivar las jubilaciones anticipadas sí sanea las cuentas y reduce la cojera, pero no lo bastante. ¿La prueba? La propia decisión de acometer nuevas rebajas.
Unidas Podemos ha expresado su rechazo frontal a la reforma. Los sindicatos también. Bruselas se muestra a favor y apremia a realizarla. El asunto amenaza con acentuar todavía más la fractura en el Gobierno. Pero existe una coincidencia entre todas las posiciones: las recomendaciones del Pacto de Toledo no bastan para mantener en pie el sistema público de pensiones. Hay que actuar. Por la vía de recortar el gasto, como proponen Escrivá y el PSOE. O por la vía de aumentar los ingresos, a través de los impuestos o «destopando» las cotizaciones máximas, como sostiene Podemos. Ahí estriba, más allá de la farfolla política, el núcleo del debate.