Medidas impopulares: llegarán
OPINIÓN
La economía española, que cerrará el año con una caída del PIB alrededor del 12 % y una tasa de paro superior al 19 %, se encuentra con un grave problema de ingresos. Además se ha incrementado la deuda pública muy por encima de lo deseado, pudiendo alcanzar el 120 % de nuestro PIB. Entonces: ¿Cómo lograr los ingresos suficientes para hacer frente al gasto público manteniendo el estado de bienestar? ¿Se deberían subir los impuestos? Con la próxima aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, surge el debate sobre las diferencias existentes entre comunidades en cuanto a la tributación de los impuestos que tienen cedidos parcialmente (IRPF, IVA) o totalmente (Sucesiones y Donaciones, Patrimonio e Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados). Es curioso que aquellos que son partidarios no solo de una mayor autonomía sino también de independizarse de España sean los que pretendan cercenar la potestad de las otras comunidades de tomar sus propias decisiones.
Si bien no es discutible que existen diferencias entre las autonomías, estas tienen potestad para decidir qué exenciones y bonificaciones tributarias aplican. Existen mecanismos (Fondo de Garantía de los Servicios Públicos fundamentales) para cumplir con el principio de solidaridad, de forma que la cobertura de los servicios básicos sea similar para todos los españoles. La cuestión de fondo de la armonización fiscal es la posible modificación de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, que previsiblemente se debatirá en febrero del 2021.
En cualquier caso, se precisa una reactivación de la actividad económica, por lo que no deberían incrementarse los impuestos al consumo, pues retraería aún más la economía. Tampoco parece adecuada la subida de cotizaciones a los autónomos. En el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, si bien se aplican elevadas bonificaciones en muchas autonomías, la situación es dispar, y su aumento supondría un varapalo para pymes, especialmente para las familiares, debiendo evitarse que la fiscalidad sea un obstáculo para el traspaso intergeneracional. Tanto este impuesto como el impuesto de patrimonio están prácticamente desaparecidos en los demás países de la UE.
La crisis va a suponer un descenso estructural del nivel de PIB, y por tanto, en ausencia de medidas de ajuste, un incremento del déficit público estructural. Puesto que este ya partía de un nivel elevado, el déficit primario aumentará hasta un punto en el que, incluso en un escenario optimista, la ratio de endeudamiento en relación al PIB va a crecer año tras año. Es decir, la deuda pública entrará en una senda de insostenibilidad, y conllevará la pérdida de la confianza en nuestra solvencia por parte de nuestros prestamistas, y, por tanto, la imposibilidad de financiar nuestro déficit. Esto significa la quiebra y el rescate. Ahora mismo no tenemos problemas para encontrar financiación en los mercados debido a la política de compra masiva de deuda pública por parte del BCE. Pero esa política no va a durar para siempre. En cuanto comience a vislumbrarse su final, las dudas sobre la solvencia empezarán a pesar en los mercados y volveremos a encontrarnos en una situación igual o peor que la de 2012. No hay, alternativa a una política de ajuste estructural del déficit, que supondrá, inevitablemente, la adopción de medidas contundentes e impopulares. Es cierto que ahora no es el momento de aplicar tales medidas, y probablemente no lo sea hasta 2022, pero tampoco podemos tomar decisiones que supongan un incremento adicional del déficit estructural.
En definitiva, puede que ahora no sea el momento de recortar los salarios públicos, pero bajo ningún concepto pueden elevarse. Por los mismos motivos, ahora no es el momento de subir impuestos, pero debe descartarse igualmente una bajada. Todo aumento del déficit estructural que se emprenda ahora está condenado a corregirse en el futuro, y el coste del ajuste será mayor, ya que habrá dejado como legado un nivel aún mayor de deuda.