Recientemente el Banco de España ha publicado un informe con unas sugerencias muy interesantes para solucionar los graves problemas que afectan a aquellos empresarios, sean sociedades o autónomos, que están sufriendo las consecuencias económicas derivadas de la crisis sanitaria provocada por el covid-19.
En este contexto el Banco de España propone, entre varias alternativas, que las que las entidades públicas puedan conceder quitas a los deudores insolventes. Estamos totalmente de acuerdo con esta medida; es más, consideramos que las entidades públicas no deberían tener los privilegios que ostentan en la actualidad en el seno de un procedimiento concursal, teniendo en cuenta que en muchos países de nuestro entorno estos privilegios son inexistentes.
Pero es que, además, estas entidades públicas son las primeras en conocer la insolvencia de un deudor; recordemos que las cuotas de la Seguridad social se pagan mensualmente y los impuestos trimestralmente. Por ello, se deberían articular mecanismos para evitar que esas deudas con las entidades públicas se incrementen en el tiempo sin actuación alguna, y en paralelo privarlas de esos privilegios, de manera que el tratamiento de sus deudas se iguale al del resto de acreedores ordinarios facilitándose así la posibilidad de alcanzar soluciones para los deudores insolventes.
El Gobierno ha establecido una moratoria en la obligación que tienen los empresarios de presentar concurso, fijando el 14 de marzo del 2021 la fecha hasta la que esta obligación queda suspendida, a pesar de la existencia de la insolvencia. Y han manifestado que su objetivo es que las empresas no concursen, ¡asimilando el concurso a la liquidación! Esta medida, junto con los ERTE y los préstamos con avales del ICO, están sosteniendo nuestra economía de una manera ciertamente artificial. Y nos atrevemos a decir eso porque en ningún caso se está haciendo distinción entere las empresas que son viables a corto/medio plazo y las que, lamentablemente, no lo son. Es una suerte de café para todos. Pero el problema está en que el café es limitado.
El Banco de España viene a incidir en este tema y sugiere que el mantener artificialmente vivas a las empresas no viables puede distorsionar el sistema. Y es así. Los recursos son limitados, por lo que deben emplearse de manera racional y objetiva, aparcando la política, en el sentido de ayudar a aquellas empresas insolventes pero con viabilidad acreditada en el corto y medio plazo. Ello contribuiría a sanear el tejido empresarial y prepararlo para la tan esperada salida de la crisis.
Por último, también piden medidas para agilizar los procedimientos de insolvencia. La Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC) viene insistiendo en ello desde hace tiempo. Y como parte de esta solución propone crear un cuerpo de administradores concursales perfectamente preparados, quienes se ocuparían de realizar la mayoría de las funciones encomendadas en la actualidad a la oficina judicial en el seno de un procedimiento concursal, consiguiendo con ello el doble objetivo de aligerar la carga de trabajo de los juzgados y acortar de manera importante la duración de los procesos de insolvencia. Ello contribuiría, sin duda, a la mejora de nuestro tejido productivo, con la consecuente salvaguarda y mantenimiento de un número muy importante de puestos de trabajo.