Nunca hubo más información disponible y nunca costó tanto informarse correctamente. Por ejemplo, sobre la ley Celaá se pronuncian falsedades groseras, a veces exactamente lo contrario de lo que figura negro sobre blanco en la misma, más allá de las críticas fundamentadas que merezca por lo que sí dice. Otro caso paradigmático es lo que se llama el milagro de Madrid, el vertiginoso descenso de los contagios tras haberse convertido en la región más golpeada de Europa. A pesar de que numerosos expertos atribuyen, en gran parte, ese descenso, sin parangón en tan poco tiempo, a la sustitución de los PCR por los test de antígenos, mucho menos fiables, las cifras se dan por buenas. Un ejemplo más: el Gobierno presume del escudo social que ha construido frente a la crisis para no dejar a nadie atrás. Pero, ¿sabemos cuántos ERTE no se han pagado o se ha retrasado su devengo, cuántas peticiones de ingreso mínimo vital ni siquiera se han contestado? Es decir, hemos llegado al punto de que para enterarse de lo que dice la ley Celaá hay que leérsela; para saber por qué baja de forma espectacular la incidencia del covid en Madrid hay que analizar lo que dicen los expertos; y para saber hasta qué punto llegan las ayudas sociales hay que escudriñar los datos. Y esto requiere un esfuerzo que no todos los ciudadanos están dispuestos a hacer, o porque no tienen tiempo o porque no les interesa gastarlo en informarse. En esta sociedad líquida, donde parece que nada es verdad ni mentira, y en la que los bulos y las fake news proliferan, leer periódicos como el que tiene en sus manos, en los que aún se puede confiar, ser conscientes de que una cosa es la opinión y otra la información, resulta perentorio para la salud de nuestra democracia.