Años antes de verme en ello me sorprendía la disparidad de casos relativos a las pensiones por jubilación. Aun conociendo a muchos prejubilados y jubilados, nunca logré saber con certeza el cómo y por qué de tanto tipo de jubilaciones y tal opacidad sobre ellas. Reconozco que las de mayor impacto en aquellos años fueron unas de Telefónica antes de su privatización y tantas y tantas de bancos y cajas de ahorros o empresas públicas. Luego de 1992 llegó la inseguridad asociada al pago y continuidad de las pensiones públicas, en plena crisis económica. Inseguridad abonada desde 1987 con la aprobación de los planes de pensiones privados como alternativa, incentivados con beneficios fiscales a corto plazo y con elevadas comisiones de gestión.
Para evitar el uso partidista y lograr el máximo nivel de acuerdo en las reformas necesarias sobre las pensiones, Convergencia i Unió -soporte del Gobierno socialista en 1995 y del Gobierno popular en 1996-, propuso y se aprobó un documento sobre el análisis y reformas necesarias del sistema de Seguridad Social, lo que dio lugar al conocido como Pacto de Toledo.
Recientemente se ha aprobado la tercera renovación de las recomendaciones del Pacto, luego de cinco años de trabajo difícil. En donde, además del trabajo estrictamente parlamentario, se recogen las propuestas gubernamentales del Ministro Escrivá, y otros análisis y propuestas. Desde aquellos de la autoridad de la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), hasta los de instituciones privadas como Funcas (Fundación de Cajas de Ahorro) o Fedea, sin obviar las siempre alarmistas del Banco de España.
El documento, ha sido aprobado hace una semana en el pleno del Congreso, con 262 votos a favor, 2 en contra de la CUP y 78 abstenciones de un grupo muy dispar, desde Vox a Bildu, incluido el BNG. Una votación y un acuerdo que necesitó 5 años, iniciados en la mayoría absoluta popular y finalizados ahora con esos 262 votos a favor.
Desarrollar la reforma legal del sistema de pensiones es el reto que le queda al ministro Escrivá. Si bien en el actual proyecto de presupuestos se determina la subida con el IPC, una transferencia de 14.000 millones para reducir los más de 20.000 millones de euros identificados como «gastos impropios del sistema», lo que permitirá equilibrar las cuentas de la Seguridad Social en el 2023. Añádase a ello la reforma de la cotización de autónomos y la creación un fondo público para planes colectivos de pensiones, que debe ponerse en marcha en un año. Fondo público que debería corregir algunas limitaciones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, por más que este, sostenido por una buena gestión realizada por 8 funcionarios y la supervisión del Banco de España, haya sido un adecuado soporte en la grave crisis de 2011, comprando deuda pública española y utilizando sus fondos para soportar el déficit de la Seguridad Social, gastos impropios incluidos. Gestión pública, Tribunal de Cuentas dijo.