Sobre los bancos de alimentos


Parto de tres supuestos que no discuto: 1) que los bancos de alimentos están reconocidos como proveedores de comida a personas o familias que no pueden adquirirla; 2) que tales bancos comprueban que la cadencia y el destino de sus repartos no deriva hacia un uso indebido; y 3) que estos bancos solo dedican una pequeña parte de sus ingresos -en moneda o especie- a la logística de almacenamiento y distribución, y que todo lo demás se hace mediante una meritoria prestación social.

Si tales supuestos no están constatados, hay que corregir tal anomalía. Pero si este sistema de distribución es digno y fiable -como los donantes suponen-, no es de recibo que, en un país que presupuesta 550.486,65 millones de euros para el 2021, de los que 239.765 millones se definen como gasto social, fiemos la solución de este dramático problema, lastimosamente presentado, a una suerte de caridad laica y escasa, en vez de exigir una política social ejecutada por las administraciones, y sin someter a la gente a la innecesaria exhibición de las colas mendicantes que -si los telediarios no las espectacularizan a propósito- deberían ser consideradas como el problema más acuciante de España.

Hace tiempo que circula por este país una corriente de opinión que desprecia la caridad y ensalza de manera exorbitada las políticas sociales, cuya culminación fue el bochornoso rechazo del señor Iglesias a la donación de tecnología sanitaria que hizo la fundación Ortega a la sanidad pública. Yo no desprecio la caridad que responde a necesidades singulares, detectadas en nuestro entorno social, y hechas con la específica condición de que «no sepa la mano derecha lo que hace la izquierda». También acepto una caridad más organizada y pública donde no existe el estado de bienestar y la desigualdad es rampante. Pero este no es el caso de nuestros bancos de alimentos, que pueden ser financiados por el Estado sin llenar las aceras de colas humillantes, sin dedicar amplios espacios de los medios de comunicación a exhibir la miseria, y sin que la recepción de los alimentos pueda ser interpretada de cualquier forma que no sea un derecho incuestionable.

Todo esto depende de Pablo Iglesias, quien, dedicado a discutirle a Sánchez su vano liderazgo, convive con esta lacra social sin poner los medios para que, antes que otras necesidades menos perentorias, exista el derecho a comer. También me extraña que mucha gente se emocione, en vez de indignarse, con estas colas medievales que exponen el hambre a la misericordia del público. Porque en un país que cree que todo tiene que ser pagado por el Estado -incluyendo la chabacanería que se vende como arte, el cine que nadie ve y la poesía que nadie lee-, suena raro que a nadie se le ocurra pasarle esta papeleta a un Estado que lleva en su naturaleza tales menesteres. Esta situación es, cuando menos, insana. Y nadie debería participar en este innecesario limosneo sin antes exigir lo que en verdad corresponde: políticas de bienestar y dignidad, pagadas con impuestos.

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