Las vacunas, más de dos siglos después de su descubrimiento, continúan siendo la medida preventiva que ha salvado y salva más vidas: actualmente entre dos y tres millones de personas cada año. En España, las vacunas recomendadas por las autoridades sanitarias tienen carácter voluntario y no son obligatorias, excepto las de la viruela y la difteria, que lo fueron durante algunos años. Sin embargo, en determinadas situaciones de riesgo para la salud pública, como en caso de epidemia, sería posible obligar a vacunarse. Esta situación se produjo en Granada en el 2010 ante un brote de sarampión en un colegio en el que un grupo de padres se negaban a vacunar a sus hijos y el correlativo riesgo de que el virus siguiese propagándose entre los alumnos. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 autorizó la vacunación obligatoria con una motivada argumentación. En resumen: siempre que la medida esté constitucionalmente justificada, se permite plantear la vacunación con carácter obligatorio en casos de epidemias y crisis sanitarias, y en situaciones de riesgo para la salud pública.
La actual pandemia de covid-19 ha provocado una crisis sanitaria, social y económica muy grave. Las noticias de los resultados de eficacia y seguridad de las primeras vacunas han abierto de nuevo el debate. Según una encuesta, el 37 % de las personas esperarían un tiempo antes de vacunarse y el 13 % no se plantean hacerlo porque dicen que todo está sucediendo muy rápido. Conviene recordar que es imprescindible que los resultados de los ensayos clínicos de estas vacunas se publiquen en revistas que exigen la revisión previa por científicos independientes, y que las vacunas deben ser autorizadas por las agencias reguladoras de medicamentos.
Las autoridades sanitarias darán prioridad a las personas de los grupos de riesgo y les recomendarán que se vacunen. Serán necesarias altas dosis de pedagogía, sobre todo en los colectivos de personas reticentes a las vacunas, para que se alcancen coberturas elevadas que permitan obtener la inmunidad de grupo. No obstante, en algunas situaciones se debería obligar a la vacunación: no sería admisible que alguien con un alto riesgo de enfermedad grave se contagiara porque quien lo cuida no se hubiera vacunado (en centros de atención médica, residencias geriátricas, instituciones de crónicos?).
Los errores cometidos en la gestión de la pandemia han creado confusión y pérdida de confianza entre la población. Por tanto, hay que urgir a las autoridades políticas y sanitarias a trabajar conjuntamente con expertos independientes para crear un clima de confianza que favorezca la vacunación voluntaria. Esta debe fundamentarse en la transparencia científica de los ensayos clínicos, el registro riguroso de las vacunas por parte de las agencias reguladoras y las recomendaciones de las autoridades sanitarias y las sociedades científicas. Porque no hay que olvidar que vacunarse es un acto de solidaridad.