En el 2000, Internet estaba en pañales en España y era algo exótico para la mayoría de la ciudadanía. Veinte años después, sucede lo contrario. Salvo los grupos poblacionales que sufren la brecha digital, las personas y negocios no conectadas son la anomalía. Y cada vez lo serán más. La tendencia es imparable. No hay vuelta atrás. El coronavirus ha servido de acelerador de la transformación social. Y también ha puesto de manifiesto que tenemos que adaptar leyes, y regular usos y costumbres para no sufrir excesivos sobresaltos en un entorno muy cambiante y mutable, que depende en exceso de lo que decidan los gigantes de la Red.
En este contexto el Gobierno ha presentado la Carta de Derechos Digitales. Se trata de una primera versión de un documento expuesto a consulta pública que pretende servir de marco a futuros desarrollos normativos y que ha provocado la apertura de un interesante debate. No hay fallo en España con la defensa de la neutralidad de Internet, pero en otros ámbitos surgen dudas pertinentes. Por ejemplo, ¿cómo se conjuga el derecho al «seudonimato» (acceder bajo un nombre de usuario a servicios digitales) y el de no ser «localizado y perfilado»? ¿Cómo se ejercitan derechos ante una inteligencia artificial? ¿Y quién será responsable de los accidentes de los coches sin conductor? Muchas preguntas. Y pocas respuestas.