Tras ocho meses de epidemia (más, en realidad, desde que el virus comenzó en nuestro país a hacer estragos) no hay un solo español que no se haya visto tocado, de un modo u otro, por sus terribles consecuencias. Más que nadie, por supuesto, los casi sesenta y cuatro mil ciudadanos que han perdido la vida, dejando tras de sí un inmenso rastro de dolor, y el millón trescientos mil compatriotas que han padecido, o padecen aún, la enfermedad.
Pero, más allá de la inmensa tragedia de los miles de fallecidos y los problemas de salud de los cientos de miles de contagiados por el virus, los efectos de la pandemia no se han sentido por igual entre quienes hemos tenido la fortuna de no haber sido atacados por el covid y de que no lo hayan sufrido nuestras familias, amigos o colegas.
Y es que la pandemia no solo ha producido un impacto devastador sobre la vida y la salud, sino también sobre la economía y el trabajo, una esfera donde ha influido en la población de formas claramente diferentes. La lucha contra el covid ha traído de la mano desde la primera declaración del estado de alarma, el pasado mes de marzo, restricciones a la vida social y laboral que para muchos trabajadores y empresarios han resultado tremendas, cuando no sencillamente catastróficas. Un duro confinamiento de varios meses cuyos logros pronto se esfumaron en medio de un tan oportunista como mezquino intento gubernamental de rentabilizar sus resultados: «Hemos vencido al virus», «salimos más fuertes» vino seguido de restricciones a la movilidad o a la actividad comercial que hoy, en medio de un formidable caos territorial, afectan en mayor o menor grado a toda España.
Y es ahí precisamente, en el terreno de esas restricciones, donde el esfuerzo que los ciudadanos tenemos que hacer para luchar contra el virus está resultando trágicamente desigual. Porque no es lo mismo renunciar a viajar a una residencia de fin de semana, o no poder reunirse con la familia, o estar obligado a sufrir las incomodidades de las restricciones horarias por las noches, que quedarse sin trabajo, tener que cerrar la empresa que se ha construido a lo largo de toda una vida o verse obligado a hacer drásticos ajustes de personal para mantener grandes firmas que dan trabajo a miles o docenas de miles de trabajadores y de cuyo funcionamiento dependen otras muchas pequeñas y medianas.
Es la constatación de esa obvia desigualdad en los costes personales y familiares, económicos y sociales, que está suponiendo para unos y otros luchar contra esta terrible desgracia la que exige de quienes hemos tenido la fortuna de conservar nuestra situación laboral estable un esfuerzo mucho mayor por obedecer las normas de seguridad, pues de nuestra activa solidaridad en el cumplimiento a rajatabla de esos deberes cívicos depende también el futuro de los que no han tenido nuestra suerte y viven hoy la calamidad de los ERES y los ERTE. Dos acrónimos que encierran los incontables dramas de miles y miles de trabajadores y empresarios.