Ayudas a empresas: el tamaño importa


Una de las pocas cosas buenas que ha traído la impactante crisis que vivimos es la convicción generalizada de que el sector público debe acudir al rescate de los sectores más desfavorecidos y que más lo necesitan. Lamentablemente el nuevo rebrote, y consiguiente estado de alarma, supone un ajuste de tuerca en la muy delicada situación de nuestras empresas. Ante ello se hace inevitable reforzar el apoyo financiero que, desde el comienzo de la pandemia, se viene prestando para que se sigan manteniendo a flote y puedan afrontar sus costes fijos. Y sobre esta nueva realidad conviene hacer dos reflexiones.

La primera es que por la propia configuración de nuestro tejido empresarial la atención prioritaria debe centrarse en las pequeñas empresas y autónomos. Su reducida dimensión les hace ser los que menos músculo financiero tienen, por lo que la asfixia a la que están sometidos solo se verá aliviada mayoritariamente con ayudas externas. Así pues, hago mía la recomendación del Comité de Expertos Económicos de la Xunta cuando ya en el mes de julio reclamaban tanto la extensión de los ERTE por causa de fuerza mayor como, especialmente, la prórroga de las prestaciones extraordinarias por cese de actividad para los trabajadores autónomos.

Una segunda consideración tiene que ver con algo que se debería enseñar en las facultades de economía. Es algo tan sencillo (o tan complejo, según se quiera ver) como la eficacia de dichas medidas. Es decir, en qué medida se consigue con tales actuaciones los objetivos previstos. Y aquí mucho me temo que una ayuda directa, que debería ser extraordinaria, pierde su eficacia y sentido cuando se convierte en recurrente. Por ello sería recomendable recurrir a otro tipo de medidas.

En primer término debería quedar clara la excepcionalidad de dicha ayuda, para lo que sería conveniente la fijación de un plazo temporal máximo. Complementariamente deberían contemplarse medidas de apoyo diferentes, dentro de las cuales los avales constituyen un buen ejemplo. En concreto, se trataría de complementar las líneas ICO del Estado para aquellas pequeñas empresas y autónomos que hubieran quedado excluidas.

Si a todo ello le añadimos la imprescindible y urgente reducción de la burocracia en todo trámite ante la Administración, se tendría mucho avanzando. Así pues, es urgente actuar. Hagámoslo rápido y de la manera más eficaz posible.

Por Patricio Sánchez Profesor de Economía Financiera de la Universidad de Vigo 2 liñas

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