Ya es un hecho. España vuelve a vivir en estado de alarma. No voy a entrar en las cuestiones sanitarias, epidemiológicas o jurídicas que aconsejan o no semejante decisión. Quizá ese tema dé para muchísimos artículos de expertos que seguramente tendrán más argumentos que este humilde servidor, si bien seamos muchos los ciudadanos que pensemos que la acción del Gobierno pudo ser más eficaz, efectiva y solvente.
No obstante, es este hecho relevante el que marcará el devenir de nuestro país y el que marcará las pautas de lo que debería ser nuestro presente. Por eso ya me parecía un auténtico disparate que un Gobierno intentase imponer una norma sin consenso, diálogo ni apoyo presupuestario. Y ahora, con más razón.
Me refiero, cómo no, a la nueva ley de educación. Hace meses que ya alerté del interés de la ministra Celaá por aprobarla a toda prisa. Y lejos de cejar en su empeño, le ha puesto más ganas a imponer una ley sin pedir opinión a los expertos en la materia; sin dialogar con la comunidad educativa; sin contar con un plan económico bien planificado que respalde la norma, y sin intención alguna de ofrecer un marco legal fruto del diálogo, del estudio sosegado y de la coherencia. Interesa más la prisa por abanderar la ley de educación surgida del menor consenso de la historia de España que aprovechar la terrible lección de la pandemia de covid y articular un estudio en profundidad que permita corregir los errores manifiestos del sistema. Ante semejante miopía política, estaremos ante una nueva ley educativa condenada al fracaso y que arrastrará de nuevo a la educación española a una nueva travesía de inseguridad, inestabilidad y fracaso por obra y gracia del Gobierno de Sánchez, donde el esfuerzo y el mérito se devalúan con una norma permisiva y floja.
Pero es que pedir responsabilidad a un Gobierno irresponsable es, más que una utopía, una quimera. De otro modo no se entiende que los tres ejes estratégicos de un país, como son la educación, la ciencia y la universidad, estén en manos de ministros indolentes pero competidores en su altísimo grado de soberbia. Celaá, Duque y Castells parecen más preocupados por sus respectivas proyecciones profesionales y externas al Gobierno que por su propia gestión al frente de sus ministerios. Es imposible comprender un nivel tan desproporcionado de sectarismo en las decisiones, de soberbia en las actitudes y de incompetencia en la gestión. Ya lo decía Séneca hace casi dos mil años: «No hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige».